La Junta del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) –en la que están representados los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Comercio o Hacienda – tomó la decisión, el pasado seis de marzo, de dejar de vender material antidisturbios a Venezuela debido a las numerosas olas de violencia que azotan al país desde el pasado mes de febrero; según publicó en su versión web el periódico español El País.
Fuentes de dicho diario, informaron de que se trata de “una medida unilateral ya que hasta ahora no existe ningún embargo internacional a Venezuela”.
El Gobierno de Maduro es uno de los principales compradores de estos materiales al país español. Los últimos registros indican que se compraron “colorantes para la fabricación de artificios pirotécnicos no letales por valor de más de $22.000, tal y como señalan los datos emitidos por El País.
Todas estas medidas se están llevando con cautela con el fin de no perjudicar a las más de 100 empresas españolas que tienen sede en Venezuela, así como para proteger a los más de 200.000 españoles que viven allí.