COLOMBIA. El gabinete de trece secretarios del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentó ayer su renuncia un día después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmara el decreto de cese de funciones del edil.
La Alcaldía informó vía Twitter que el gabinete de Petro “presentó renuncia irrevocable tras conocerse la decisión del presidente de no acoger medidas cautelares” en favor del alcalde.
Santos dijo el miércoles por la noche en una alocución televisada al país que su Gobierno “no acoge la solicitud de medidas cautelares” hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar la destitución de Petro, dictada en diciembre pasado por la Procuraduría General (Ministerio Público).
Y en respuesta Santos nombró como alcalde encargado al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien en sus primeras declaraciones dijo que continuará “con el plan de gobierno” de Petro y que trabajará con “el equipo de la alcaldía de Bogotá” a partir de ayer cuando asumiera el cargo.
Sin embargo, los secretarios de Petro presentaron su renuncia que, según Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, se hará efectiva a partir del próximo 1 de abril.
Petro afirmó ayer que el presidente Santos violó sus derechos fundamentales al cesarlo del cargo acatando una sanción dictada por la Procuraduría General.
“El presidente Juan Manuel Santos ha violado directamente mis derechos humanos fundamentales, los de mi familia y los de 732,000 bogotanos”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
Petro, exguerrillero del M-19, también señaló a Santos de no proceder conforme a la ley, pues dijo que por haber sido elegido por el voto popular no podía ser destituido por un proceso de una entidad administrativa.
En Washington, sede de la CIDH, aún no se han producido reacciones a la decisión de Santos, pero el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, destacó ayer que la suspensión de la destitución de Petro era de obligado cumplimiento.
Una posición similar mantuvo el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Sin embargo, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, descartó que la decisión del Gobierno de no acoger las medidas cautelares de la CIDH en el caso de Petro, cause alguna acción contra el país andino.
Holguín basó su consideración en que la CIDH hizo “recomendaciones” y que Petro tuvo todas las oportunidades de defender sus derechos políticos en los tribunales de Colombia.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, resolvió en diciembre pasado la destitución y la inhabilitación de Petro durante 15 años por cambiar el servicio de recolección de basuras de la ciudad de manos privadas al modelo público, lo cual produjo caos en la capital. —AGENCIAS.