VENEZUELA. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que expropiará las empresas que incumplan la Ley de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30 %, y que empresarios aseguraron impugnarán por considerarla “inconstitucional”.
“No me subestimen, sectores de la burguesía. Si hay que expropiar (empresas) vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo”, dijo Maduro desde el Cuartel de la Montaña al conmemorar los 22 años del golpe militar del 4 de febrero contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
“Les voy a dar hasta el lunes que viene, si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar (…) si hay que expropiar, vamos a expropiar”, dijo.
“Vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo”, reiteró el gobernante.
Ante la aceleración de la inflación, Maduro lanzó en noviembre pasado una cruzada para que los comercios vendan sus productos a precios justos y recientemente entró en vigor la Ley de Precios Justos, en la que figura la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
En Venezuela, la inflación alcanzó 56.2 % en 2013, la mayor de América Latina; la escasez de productos llegó a 22.2 % en diciembre y el crecimiento del PIB fue de 3 %, contra 6 % pronosticado inicialmente.
El fallecido exgobernante Hugo Chávez (1999-2013) impulsó la nacionalización o expropiación de sectores que consideró estratégicos para el Estado, como el energético, petrolero, de comunicaciones, tecnológico, entre otros. El gobierno de Maduro aseguró que continuaría con esta política.
Por otra parte, la responsable de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), Andreína Tarazón, comparó con “criminales de guerra” a aquellos ciudadanos que acaparan alimentos, en momentos en que el país vive un nuevo episodio de escasez de bienes.
“Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra porque acaparar toneladas de alimentos, dejar que estén en estado de descomposición toneladas de carne (…) desviar toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia son actitudes que cometen criminales de guerra”, dijo la también ministra de la Mujer a la emisora local Unión Radio.
Frente a esto, Tarazón sostuvo que el Gobierno “no tiene otra opción” que aplicar la nueva Ley de Precios Justos.
“El llamado es a la conciencia, a la autorregulación. No va a ser fácil ni va a ser un destino feliz para ningún comerciante de nuestro país o empresario tener que pasar los próximos 10, 14 años de su vida (…) en una fría cárcel en nuestro país”, indicó.
La economía venezolana sufre recurrentes episodios de desabastecimiento de productos de consumo, como papel higiénico o leche, que obligan a las personas a recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan, hacer colas de varias cuadras desde la madrugada y perder muchas horas del día.
Rechazo
El empresariado venezolano anunció el pasado martes que presentará un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esta ley –promulgada por Maduro el pasado 24 de enero para combatir una supuesta “guerra económica”– por considerarla “inconstitucional”, ya que “lejos de contribuir a mejorar la economía del país, hará que sea mucho más grave”.
“El Gobierno no termina de convencerse de que las causas del desastre económico que tenemos es precisamente el modelo económico e insiste en profundizarlo”, ha lamentado el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig.
La patronal celebró una reunión en la que analizó la nueva ley y ha llegado a la conclusión de que “restringe la oferta, por lo cual va a haber menos bienes y servicios en la calle, aleja las inversiones porque es punitiva y declara de utilidad pública a todas las empresas”, explicó Roig, en declaraciones recogidas por el diario El Universal.
El presidente de Fedecámaras ha incidido en que todas las empresas, independientemente de su tamaño, corren el riesgo de ser consideradas de utilidad pública por lo que “quedan listas para expropiaciones, para confiscaciones por el Estado sin el pago oportuno”. “Ninguna empresa por pequeña que sea, ninguna actividad por pequeña que sea se salva de esta ley”, dice.
Además, también supondrá mayores cargas burocráticas para los empresarios, ya que las empresas tienen que registrarse en la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) y esperar que este organismo expida un certificado de “precio justo” para poder solicitar divisas.
En tanto, el titular de Conindustria –otra de las grandes cámaras patronales–, Ismael Pérez Vigil, aseguró que “los empresarios honestos del país no tienen temor de las amenazas del presidente (Maduro), siempre y cuando las inspecciones que se hagan, sean de manera honesta y con sentido común”.
Pero advirtió que “hasta que no se defina lo que va a ser tomado en cuenta para evaluar los costos, gastos y lo que ellos llaman precios justos, si los impuestos van o no van para el cálculo de los costos de un precio determinado, es difícil que puedan hacer algún tipo de inspección honesta”. —AGENCIAS