Giancarlo Tello pagó 14,000 dólares anuales más que otros graduados de secundaria en Nueva Jersey para asistir a Rutgers, la universidad pública más destacada del estado.
¿Por qué? Tello pasó buena parte de su niñez en Estados Unidos sin autorización legal después que sus padres vinieron desde Perú cuando él tenía seis años, por lo que no puso gozar de la matrícula preferente que pagan los residentes de Nueva Jersey.
Sin embargo, la situación cambiará si vuelve a matricularse este otoño, como piensa hacerlo, gracias a una ley firmada recientemente por el gobernador de Nueva Jersey Chris Christie que permite que inmigrantes en la misma situación paguen la misma matrícula reducida que abonan .
Los partidarios de los derechos de los inmigrantes están entusiasmados porque, después de años de lucha, Nueva Jersey y otros tres estados aprobaron estatutos el año pasado que permitirán a estudiantes en la misma situación pagar la matrícula estatal.
Quince estados tienen dichos estatutos, precisó Ann Morse, de la National Conference of State Legislatures (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales).
Además, juntas universitarias en Hawai, Michigan y Rhode Island han concedido matrícula estatal a dichos estudiantes. Para lograrlo, los graduados de secundaria suelen tener que cumplir requisitos como haber vivido en el estado durante un número determinado de años.
Florida, Indiana, Massachusetts, Missouri, Mississippi, Nueva Hampshire y Virginia tienen proyectos de ley en consideración que extenderían el beneficio estatal, dijo Tanya Broder, abogada del National Immigration Law Center (Centro Nacional de Derecho Inmigratorio).
El próximo paso de los partidarios es promover una cuestión conexa: permitir que dichos estudiantes sean elegibles para la ayuda financiera estatal, incluso becas o subsidios. Hasta ahora, California, Nuevo México y Texas tienen leyes que otorgan ese derecho y está en consideración en estados como Washington.
Dos legisladores demócratas, la senadora Patty Murray y el representante Jared Polis, presentaron un proyecto de ley en el Congreso que suministraría fondos a los estados que ofrezcan matrícula estatal o ayuda financiera a dichos estudiantes.
“Es una cuestión económica y una cuestión de justicia”, afirmó Murray.
En esta época de austeridad financiera, el proyecto de ley enfrenta un camino difícil.
Los estudiantes en la situación antedicha son conocidos como “dreamers”, en referencia a una legislación bloqueada en el Congreso que les suministraría una vía para la residencia legal permanente en Estados Unidos. Se le conoce como DREAM Act.
Si carecen de reconocimiento inmigratorio legal, los estudiantes generalmente no pueden recibir ayuda financiera federal ni muchos otros programas de asistencia.
Sin embargo, en muchos casos pueden permanecer en Estados Unidos mediante el programa de “acción diferida” del presidente Barack Obama impuesto en 2012. Eso permite a los inmigrantes traídos ilegalmente al país de niños obtener residencia temporal por dos años. El permiso es renovable.
Tello e Yves Gomes, de 21 años, que fue traído de niño desde la India, lo solicitaron.
Gomes asiste a la Universidad de Maryland y paga matrícula estatal, 7,390 dólares al año, en vez de 27,000 para los estudiantes de fuera del estado, pero en algunos casos eso no es suficiente. Instó a que se permita la asistencia financiera estatal y de otros canales, especialmente para quienes no llenan los requisitos para pagar la matrícula estatal.
“Tengo muchos amigos que empiezan y dejan de estudiar porque tienen que ayudar a mantener a sus familias. Hay que sobrevivir”, afirmó.
La cuestión de cuáles beneficios educacionales deberían estar disponibles para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país ha provocado polémica.
Los críticos dicen que ayudar a los estudiantes estimula la ilegalidad y significa que podrían ocupar el lugar de otros a expensas de los contribuyentes.
“No comprendo por qué deberían recibir dólares de los contribuyentes que podrían ir a los ciudadanos estadounidenses y subvencionar en cambio la educación de no ciudadanos que también podrían ser deportados”, dijo Kris Kobach, el secretario de estado republicano en Kansas que ha litigado casos inmigratorios. “¿Por qué subsidiar una fuerza laboral que podría no estar aquí mañana?”