VENEZUELA. La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el chavismo, aprobó ayer en una primera discusión los superpoderes (Ley Habilitante) para que el gobernante Nicolás Maduro emita decretos con fuerza de ley durante 12 meses lo que llevó al mandatario afirmar que ahora nadie lo detendrá en sus propósitos de proteger al pueblo, según afirmó.
Al final de la sesión, el presidente de la Asamblea y directivo del partido de gobierno, Diosdado Cabello, dijo en la Cámara que la segunda y última discusión será el próximo martes, en una sesión de trámite debido a que los oficialistas controlan el parlamento.
Maduro, un exsindicalista de 50 años, solicitó tales poderes en octubre argumentando que requería de instrumentos para poder combatir la corrupción y lo que denomina la “guerra económica” en la que atribuye al sector privado la escasez de productos básicos como la harina de trigo, el aceite, el papel higiénico y medicinas, entre otros.
“Ahora con la habilitante no me para nadie para proteger al pueblo de los corruptos, contra los parásitos”, dijo Maduro en un mensaje a la nación transmitido a la nación horas después del debate en la Asamblea.
“Lo primero que me motivó pedir la Habilitante fue incrementar la lucha contra la corrupción y la guerra económica y lo segundo que he solicitado es aprobar una ley que limite la ganancia a la burguesía”, expresó.
“Yo no me imaginaba hasta donde había llegado la burguesía parásita contra este pueblo, que aspiran vivir del salario de la familia venezolana”, añadió.
La Asamblea aprobó la ley con los 99 votos que dispone la bancada oficialista, contra 60 de la oposición. Los otros seis diputados restantes de la oposición ni sus suplentes acudieron al debate.
“Esta habilitante lo único que pretende es perseguir el financiamiento a las voces críticas de la sociedad, a las ONG, a los partidos políticos que tienen posturas distintas”, dijo durante el debate el diputado opositor Eduardo Gómez Sigala.
El diputado número 99 del oficialismo, el total de votos requeridos para aprobar los poderes especiales, se consiguió esta semana cuando el oficialismo se impuso para retirarle los fueros a una asambleísta disidente que pasó a la oposición. Tras retirarla de su curul, argumentando un viejo caso de corrupción, un diputado del oficialismo asumió su escaño ayer y de nuevo la bancada del gobierno sumó 99 escaños.
Incluso antes de la llegada al poder del ahora fallecido gobernante Hugo Chávez, las normas venezolanas contemplaban la posibilidad de otorgar facultades a un mandatario por un tiempo determinado para emitir decretos con fuerza de ley.
Maduro, que en abril cumplirá el primero de sus seis años de gobierno, solicitó que la ley lo faculte por 12 meses a emitir decretos, de los que ya anticipó uno será para fijar precios de todos los productos (con el objetivo de “bajar los precios en todos los rubros, por lo menos el 50 % en todos los precios abultados”) y otro sobre la firma de contratos con aquellos que reciban dólares de la oficina estatal, aunque no ha dado detalles del alcance de esas dos medidas.
En Venezuela existe un sistema de control de cambio que deja en manos del Estado la administración y comercialización de las divisas, que son adquiridas a través de engorrosos trámites ante diferentes instituciones, fundamentalmente para el comercio internacional.
Chávez obtuvo de la Asamblea cuatro leyes habilitantes (1999, 2000, 2007 y 2010) que le permitieron aprobar por la vía de decreto cerca de 200 reformas legales y nuevas legislaciones que utilizó para ampliar el poder estatal, incrementar los controles sobre todos los sectores del país y llevar adelante la instauración de lo que denominaba su modelo socialista.
El diputado oficialista Ricardo Sanguino dijo a reporteros que después del segundo voto la próxima semana, el mismo martes llevarán el texto de la ley en una marcha popular hasta Miraflores, la sede de gobierno, en el centro de la ciudad.
No obstante, el proyecto de ley ha sido aprobado en la primera discusión, lo que supone que ahora tendrá que ser revisada por una comisión especial que, en el plazo de diez días, deberá convocar un segundo debate.
De acuerdo con el reglamento interno de la AN, el segundo debate se realizará artículo por artículo, basándose en el informe presentado por la comisión especial, tras lo cual podrá ser aprobada, rechazada o diferida.
El gobierno de Maduro lidia con una inflación acumulada de más de 50 % en los últimos 12 meses, así como la carestía de productos básicos y la baja productividad de las empresas agobiadas por la falta de insumos.
Venezuela está catalogada entre los 12 países con peor resultado en lucha anticorrupción por la ONG Transparencia Internacional, y en el plano económico la inflación es la tercera mayor del planeta (50% anual), hay problemas de abastecimiento y pese al control de cambios el dólar ilegal cotiza siete veces por encima del oficial.
Arremete contra la Conferencia Episcopal
Más tarde, Maduro se preguntó dónde estaba la Conferencia Episcopal Venezolana durante esta guerra económica: “¿Por qué no hablan para apoyar al pueblo en la lucha contra la especulación? ¿Por qué callan? ¿Dónde está Cristo? Yo los conmino públicamente a que se pronuncien sobre la especulación vulgar de este grupo de empresarios y burgueses. Yo los conmino públicamente una vez más. Tengo 72 horas haciéndoles un llamado porque ellos deben ser nuestros pastores” . —AGENCIAS