Un grupo de diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) introdujo ante la Asamblea Nacional de Nicaragua un pliego de reformas constitucionales que, entre otras cosas, legaliza la elección de Daniel Ortega en 2011, y le permite reelegirse sin importar las limitantes constitucionales actuales, cerrando el camino al resto de aspirantes presidenciales.
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) confirmó ayer que la junta directiva de la Asamblea Nacional convocará a una reunión hoy lunes, para citar al plenario a discutir unas reformas a la Constitución Política del país, que devolvería al Ejecutivo, que preside Daniel Ortega, poderes que tenía el dictador Anastasio Somoza Debayle.
“Están citando de emergencia a una reunión de Junta Directiva para el lunes, para citar al plenario el miércoles y ese mismo día vaya a discusión una Comisión Especial”, dijo ayer a Acan-Efe el subjefe de la opositora BDN, Alberto Lacayo.
Expertos advierten que Ortega abre la puerta de la reforma constitucional para reelegirse tantas veces como quiera, sin tener que torcer la ley.
Para ello procura reformar 44 de los 202 artículos que contiene la Constitución, deja abierta la posibilidad de que Ortega sea reelegido al eliminar del artículo 147 el párrafo que ordena que no puede optar al cargo el que ejerciere o hubiere ejercido la presidencia en el período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales.
Siendo que el FSLN tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional, pero además, porque los diputados del Frente no acostumbran debatir ni discutir lo que Ortega ordena, el 147 elimina la competencia por si a algún funcionario del Estado se le ocurriera retarlo.
El artículo 147 inciso d) elimina de la competencia para el 2016, a los presidentes de los otros poderes del Estado (Asamblea y Corte Suprema). Además, elimina de forma sistemática a los miembros de la Contraloría, al Fiscal de la República y a su adjunto, al Procurador de la República y su vice, así como a todos los alcaldes del país que estén en ejercicio del cargo.
Así las cosas, el único funcionario activo que puede aspirar a la presidencia, que no necesita renunciar al cargo con al menos doce meses de anticipación, es Ortega.
Ese mismo artículo había sido declarado inconstitucional por magistrados de la Corte Suprema en el 2010, lo que generó una enorme polémica, pues quienes votaron a favor fueron jueces afines al gobernante Frente Sandinista, que abrieron el camino para que Ortega se reeligiera en los comicios presidenciales del 2011, tal como ocurrió.
El plan del FSLN contraviene lo aprobado en la Constitución en abril de 1990 bajo la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro, periodo en el que se avalaron dos prohibiciones absolutas, denominadas “doble candado”, con el fin de limitar las posibilidades de perennización de un individuo en el poder.
La primera de ellas indica que no se puede ser candidato a la presidencia de la República, si se es el presidente actual, lo que obliga como mínimo, a una alternancia similar a la de Argentina, y fue la razón por la que el expresidente Arnoldo Alemán no podía presentarse como candidato a las elecciones del 2001, pero sí a las siguientes.
Y esa es también la razón por la que Ortega no podía ser candidato presidencial en el 2011, por encontrase ejerciendo como presidente; sin embargo, una argucia de la Corte Suprema de Justicia, copada por magistrados fieles a su partido, declaró “inaplicable”, el artículo que impedía la reelección, asegurando que vulneraba los derechos del ciudadano Ortega.
El segundo ‘candado’ indica que no puede ser candidato presidencial quien hubiera ejercido el cargo en dos ocasiones, lo que una vez más, impide a Ortega presentarse para un nuevo periodo presidencial, siendo que ya lo ejerció entre 1984 y 1990, y luego entre el 2006 y 2011 y ahora funge como presidente en su tercer periodo, aunque la Constitución lo prohíbe expresamente.
De forma adicional, se elimina por completo el requisito de una segunda vuelta para el candidato que no lograra una cierta mayoría, de 35% de los votos en este momento.
Pero las propuestas de reforma constitucional introducidas ante el parlamento nicaragüense por el FSLN, está que el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de votos, dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.
“Las propuestas de reforma traen todo lo contrario a lo que se luchó para derrocar (al expresidente Anastasio) Somoza, se luchó para no tener una familia dinástica y corrupta en el poder, para que no fuéramos gobernados por militares, para tener libertades públicas, para que no hubiera un presidente permanente”, se quejó Lacayo, del partido opositor BDN.
El disidente sandinista y analista político, Edmundo Jarquín, comentó en su blog semanal que la propuesta está diseñada “para que la Constitución Política de Nicaragua se ajuste a la voluntad y antojo partidario de los actuales gobernantes”.
Por su parte, Lacayo ve con preocupación que Ortega y su familia quieran mantenerse en el poder. “Estamos peor, porque con Somoza sólo teníamos un Chigüín (Anastasio Somoza hijo, de la tercera generación de la dinastía de 40 años), pero esta familia es más numerosa, son nueve chigüines (hijos de Ortega)”, criticó.
Tras pasar el período de consultas de la Comisión Especial, en noviembre, las reformas constitucionales entrarían en vigencia en diciembre próximo.
La historia política de Nicaragua ha estado signada por la decisión de Ortega de querer mandar de forma perpetua. Ello llevó a que el país viviera en guerras continuas entre el presidente (o Director Supremo, como se le llamó en el Siglo 19), y su adversario, que, de llegar al poder, terminaba eternizándose en él.
Los magistrados del FSLN usaron el término ‘inaplicable’, en 2011 para no caer en la paradoja de decir que un artículo de la Constitución era inconstitucional.
Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, explicó que la propuesta formaliza la decisión tomada por la Corte, considerada ilegítima por partidos opositores y organismos de la sociedad civil.
“Es un cambio innecesario porque ya la Corte había decidido eso, pero considero que lo hacen para que quienes le llaman ‘ilegal’, ‘espurio’ ‘de facto’ o ‘inconstitucional’ al presidente (Ortega), no lo tilden más así”, dijo Álvarez a The Associated Press.
Los críticos de Ortega dicen que por eso quiere reformar la Constitución “a su gusto y antojo”. Aseguran que su actitud “supera a Somoza”.