washingTON. Las autoridades mexicanas han intentado minimizar los crímenes del narcotráfico y su responsabilidad para resolverlos, según indica un informe interno de 2011 del Departamento de Estado desclasificado esta semana por la ONG National Security Archive y retomado ayer por el diario español El País en su edición digital.
El Gobierno de EE.UU. afirma que la masacre en 2010 de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, es un caso emblemático de la “total impunidad” con la que los cárteles operan en varias regiones.
En la publicación se afirma que los informes detallan que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón ocultó información sobre las “matanzas sistemáticas de inmigrantes centroamericanos”. “Pese a que no es publicitado”, se señala, “el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres. La cuenta se eleva a 196”.
Los funcionarios regionales (al noreste del país) minimizan la violencia, pese a que conocen bien los riesgos que existen en el área”, apunta un informe.
Los documentos, algunos de ellos publicados esta semana por la revista mexicana Proceso, señalan el intento de algunas autoridades de eludir su responsabilidad de perseguir estos crímenes. “(El Gobierno regional) promete que va a colaborar con el Ejército, pero rápidamente añade que los cárteles ‘son un problema del Gobierno federal’ y que (Tamaulipas) no tiene los recursos para detenerlos”.
También cuenta que las autoridades locales insistían en actos públicos que, pese a la violencia, Tamaulipas era un lugar seguro para invertir, aunque “no aclaran cuál es su plan para garantizar esa seguridad”.
El reporte, señala El País, daba cuenta de que el “abandono de las autoridades es tal que el impuesto cobrado por el narcotráfico se ha generalizado en las ciudades más peligrosas. Ocho de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsión a los grupos criminales. Solamente en Juárez más de 6.000 comercios cerraron entre 2008 y 2010”.
Otro de los documentos subraya la incapacidad del Estado mexicano para procesar a muchos de los criminales detenidos. “Si bien ha habido varios arrestos, hay muy poca información sobre los procesos judiciales de los narcotraficantes arrestados”.
Narra además que “las sospechas más graves señalan una cooperación sostenida (y en ocasiones abierta) entre algunos funcionarios y los narco”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció en enero de 2011 que los delincuentes secuestraban a los inmigrantes y les cobraban $2,500 a cambio de su libertad. La CNDH calcula que en los seis meses que duró la investigación los cárteles ganaron $25 millones solamente en el pago de secuestros. —AGENCIAS