VENEZUELA. Tal como estaba previsto, la Asamblea Nacional aprobó ayer la llamada “ley habilitante”, que otorga al gobernante izquierdista de Nicolás Maduro superpoderes para mandar sin necesidad de contar con el control parlamentario durante un año. La aprobación fue en una votación a mano alzada de la mayoría oficialista de 99 diputados, frente a 66 de la oposición.
El oficialismo contó con la mayoría cualificada de tres quintos de los votos para aprobar estos poderes gracias al “sí” de un suplente, quien asumió su escaño el pasado martes. El voto clave de Maduro se obtuvo tras levantar la inmunidad de una diputada disidente del chavismo para que sea enjuiciada por supuestos delitos anteriores a 2010, año en el que fue electa.
Con estos superpoderes Maduro ha advertido que “no lo parará nadie” y servirán para establecer el “nuevo orden económico interno”, en medio de una crisis económica reflejada con una inflación anualizada del 54 % y una escasez puntual de productos de la cesta básica.
Según Pedro Corso, columnista de El Nuevo Herald, la anarquía inducida favorece al régimen. “La agudización de las crisis le posibilita imponer controles más férreos en el aspecto económico y en el político. Un estado de crispación social justificaría vigilancias más estrictas y disposiciones que limitarían los derechos ciudadanos a niveles sin precedentes”, dice.
Alerta que una especie de aviso de lo que puede ser el futuro para los venezolanos es la intensa campaña de descrédito patrocinada por el gobierno contra la oposición, y el hecho de que recientemente fueran clausuradas 50 páginas en las redes sociales en las que se informaba sobre la cotización del dólar.
Maduro, que en abril de 2014 cumplirá el primero de sus 6 años de gobierno, solo ha anticipado dos de las leyes que emitirá con esos poderes: una referida al control de costos, ganancias y precios en todos los productos y una segunda sobre “comercio exterior para garantizar el control de las importaciones y promoción de las exportaciones”, según ha dicho sin ofrecer mayores detalles.
Según el izquierdista, para combatir la inflación, la usura y la especulación lanzó una “operación fiscalizadora” de todos los comercios, que muchas veces ha terminado en saqueos.
El aval a los superpoderes coincide con el inicio de la campaña para las elecciones municipales del 8 de diciembre, consideradas por analistas como un termómetro para medir la gestión de Maduro y la popularidad del oficialismo a ocho meses de la muerte de Chávez.
El último sondeo realizado por Ivad antes de la ofensiva cívico-militar y la toma de comercios, confirmaba los apuros de Maduro: el 53 % le valoraba negativamente, frente al 45 % que lo hacía de forma positiva. Además, el 71 % calificaba como negativa la situación económica.
“La verdadera intención de la solicitud de una ley habilitante ha sido la de hacer creer que el Gobierno no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales que sufren los venezolanos”, dijo la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“Igualmente, el Ejecutivo quiere mayores poderes para acentuar la persecución política”, agregó en un comunicado.
El líder opositor Henrique Capriles aseguró que los poderes especiales “no servirán para nada (…) Ellos lo controlan todo y no resuelven nada. Ellos solo quieren más poder”.
La ofensiva de Maduro ya generó el rechazo entre gremios empresariales y comerciales, que advierten la agudización de productos y menor inversión en la ya golpeada economía del cuarto productor mundial de petróleo. “Vamos a tener un primer trimestre en 2014 bastante malo en inventarios de productos, en escasez y en inflación”, aseguró el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig.—AGENCIAS