CARACAS. Una semana después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamara a las empresas extranjeras a invertir en el país, ordenó expropiar la sede de la empresa Pepsi Cola.
La compañía de bebidas rechazó “la toma ilegal” de su agencia ubicada en el estado de Vargas, en la costa central del país, por parte de la Procuraduría del ayuntamiento después de que esta institución ordenara la expropiación de las instalaciones de la empresa en la zona.
“Pepsi-Cola Venezuela rechaza la toma ilegal de su agencia ubicada en Catia La Mar por parte de la Procuraduría del estado Vargas”, reza un comunicado de la empresa que hace referencia a la concreción de una medida del Gobierno regional anunciada en enero pasado.
La empresa venezolana de la multinacional estadounidense asegura en el escrito que las partes, Pepsi Cola y Gobernación de Vargas, aún están en “fase de tramitación del arreglo amigable” acordado el pasado 15 de mayo en el que se establecieron condiciones, que aún no se cumplen en su totalidad, para completar, “sin traumas”, el proceso de expropiación.
En el comunicado se cita a la asesora legal de Pepsi Cola, Carla Hernández, que sostiene que la empresa no se puede mudar del lugar “sin contar con la licencia de la comunidad” y sin contar con las medidas de seguridad para poder operar en la zona en la que fueron reubicados.
“Amparados por la oscuridad de la noche, los uniformados verde oliva entraron intempestivamente en la embotelladora y se llevaron camiones enteros de las bebidas gaseosas”, publicó ayer el periódico español ABC.
“Esto es un atropello que innecesariamente pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos y cientos de puestos de trabajo en el estado Vargas. Las expropiaciones no se hacen por vías de hecho, sino conforme a la Constitución y las leyes”, señaló Hernández, según el escrito.
La empresa asegura haber honrado “todos los acuerdos” y dice seguir dispuesta a llevar el proceso a término, “pero deben respetarse las leyes y las condiciones acordadas” y exige que la Gobernación de Vargas, dirigida por el oficialista Jorge García Carneiro, “no ha cumplido”.
“La organización ratifica su disposición a continuar colaborando, pero exige que la Gobernación del Estado Vargas actúe en total apego a las leyes y respete las condiciones acordadas para mudar las operaciones”, dice el documento de Pepsi Cola.
A principios de año, Pepsi Cola Venezuela tuvo un roce con el Gobierno nacional después de que le fueran confiscadas 9,000 toneladas de azúcar bajo la acusación de acaparamiento, producto que le fue devuelto después que comprobaron que es su principal materia prima y fue adquirida de forma legal. —AGENCIAS.