CARACAS. Venezuela se retira hoy del sistema interamericano de derechos humanos, acusándolo de servir a Washington para agredir a su gobierno socialista y bajo protesta de organismos humanitarios que temen atropellos de libertades y cuestionan la independencia de la justicia local.
La medida entra en vigor un año después de que el Estado venezolano denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos por decisión del presidente Hugo Chávez –fallecido en marzo tras 14 años de gobierno–, con lo que se sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asentada en San José.
“¡Ya basta! ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esta espada de Damocles? (…) La CIDH es un mecanismo que usa EE. UU. contra nosotros”, aseguró Chávez en abril de 2012.
Organismos de derechos humanos locales e internacionales pidieron al gobierno chavista de Nicolás Maduro dar marcha atrás a la decisión, pero el fin de semana el canciller Elías Jaua les detalló que es el sistema interamericano “el que tiene que rectificar”. “Mientras no haya una transformación integral (…) del sistema interamericano de derechos humanos, Venezuela no volverá a permanecer en él”, advirtió Jaua.
Caracas asegura que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que evalúa las denuncias de ciudadanos cuando estén agotadas las vías internas y decide si eleva el caso al tribunal– son usadas por “el imperio” para torpedear a Venezuela y a los gobiernos progresistas.
Mientras, ayer, la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare nulos los comicios presidenciales del 14 de abril en los que se impuso el candidato oficialista Nicolás Maduro.
En un documento de 250 páginas entregado en la sede de la CIDH, la coalición opositora alegó que el Estado venezolano celebró elecciones fraudulentas, lo cual se traduciría en la violación de derechos políticos y de pensamiento, garantías judiciales, protecciones judiciales y de igualdad ante la ley, contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El dirigente Ramón José Medina dijo a periodistas que no acudió a la CIDH como una instancia contenciosa electoral sino como una conocedora de los derechos humanos.
Medina agregó que el recurso incluye una petición para que la CIDH analice el caso de inmediato, ya que la celebración de elecciones a alcalde el 8 de diciembre bajo las mismas condiciones perpetuaría la violación de derechos humanos fundamentales.
El documento, firmado por el líder opositor Henrique Capriles, solicita que la CIDH deje sin efecto la sentencia emitida el 7 de agosto de 2013 por el Tribunal Supremo de Justicia. —AGENCIAS