CARACAS. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ayer “inadmisible” la impugnación a las pasadas elecciones presidenciales del 14 de abril presentada por el líder opositor, Henrique Capriles, y otros recursos similares, anunció su presidenta, Gladys Gutiérrez.
Aseguró que la declaración de “inadmisible” de los 10 recursos interpuestos sobre las elecciones presidenciales “fue por unanimidad” por considerar que “no se explicaron detalladamente los hechos en los cuales se registraron las irregularidades”.
Capriles indicó, tras conocer el fallo, que la decisión era algo esperado y reiteró que recurrirá a los tribunales internacionales para reclamar por lo que considera un fraude electoral.
El tribunal, al que la oposición acusa de tener nexos con el chavismo, denegó de este modo la solicitud de la oposición de repetir las elecciones del 14 de abril, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador frente a Capriles por un margen de unos 200 mil votos.
Capriles impugnó el 2 de mayo las elecciones y todo el proceso electoral, incluidos los actos previos al 14 de abril, las elecciones y “los actos que han ocurrido en Venezuela vinculados a ese proceso”.
“Como dicen los periodistas, lo de hoy es un caliche (algo esperado), los derechos de ntro Pueblo, lo anunciamos ayer, serán defendidos en instancias intern”, escribió Capriles en su cuenta de Twitter.
Y Capriles respondió a la magistrada, siempre en su cuenta de Twitter: “Inadmisible es la falta de justicia en nuestro país, más de 50 venezolanos asesinados cada día, inadmisible es la corrupción del Gobierno”, escribió.
“Inadmisible es la pobreza, asesinatos, caída de los salarios de nuestros trabajadores, inflación, devaluación, escasez, la lista es larga!”, agregó en otro tuit.
Ayer tarde, el TSJ ordenó a Capriles pagar una multa por 100 unidades tributarias, equivalente a 10.700 bolívares ($1,698.41), por descalificar al tribunal en una de las demandas interpuestas.
Capriles reaccionó a la información de la sanción señalando a través de su cuenta en Twitter: “Nos multan y+ por decir y defender la verdad, honor que nos hacen! Hemos desenmascarado esas instituciones y el pueblo hará que cambien!”.
Gutiérrez declaró igualmente inadmisible la denuncia que cuestionó la nacionalidad de Maduro, pues asegura que se trata de “opiniones particulares y posiciones políticas que configuran juicios de valor”, explicó.
Asimismo, el TSJ notificó mediante el escrito que introdujo el líder opositor será remitido al Ministerio Público para que se realice una investigación por vilipendio político y denigrar públicamente a las instituciones del Estado, con una posible sanción penal.
Según fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato con El Nuevo Herald, el pronunciamiento del TSJ emitido ayer fue cuidadosamente preparado para acusar a Capriles de incurrir en el delito de “vilipendio”, proceso que podría sumarse a la acusación de que el gobernador del estado Miranda incitó las protestas que estallaron después de los comicios y que dejaron más de una docena de muertos.
“La acusación que le van a hacer a Capriles es de vilipendio porque cuestionó a un proceso que se cumplió al pie de la letra, de acuerdo a la constitución y las leyes”, declaró una de las fuentes consultadas.
Otra de las fuentes agregó que la estrategia busca neutralizar al líder opositor y además arrebatarle la gobernación de Miranda, ya que la denuncia de fraude electoral ha generado una crisis de legitimidad para el régimen de Nicolás Maduro.
“Ese es uno de los objetivos”, sostuvo.
Pero Capriles, además podría ir a parar a la cárcel.
“Si lo encuentran culpable de vilipendio, y además de asociación para delinquir y de instigar al pueblo para que saliera a la calle, acción que dejó tantos muertos […] todo eso, si se lo suman, podría llevar a una pena larga”, explicó la primera fuente.
La justicia venezolana ha sido denunciada reiteradamente por líderes de la oposición de ser un apéndice más de la Revolución Bolivariana iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez, sirviendo como instrumento de persecución política y de intimidación social en vez de velar por la justicia y el cumplimiento de las leyes.