BUENOS AIRES. La Corte Suprema de Justicia recibirá hoy a representantes del Estado, del Grupo Clarín y ONG, en una audiencia que busca ser el paso previo a la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La batalla se centra en el artículo 45 de la Ley de Medios aprobada en 2009, que fija restricciones a la multiplicidad de licencias audiovisuales en el ámbito nacional y local, lo que ha desatado una batalla épica entre la mandataria Cristina Fernández y el grupo de medios más poderoso del país, propietario del diario de mayor circulación y una serie de canales de TV, entre otros.
Según Clarín, la norma limita “arbitrariamente” las licencias que no usan el espectro radio eléctrico, como las relacionadas con la televisión por cable (de pago), uno de sus negocios más lucrativos.
El grupo también cree que el artículo 45 viola su derecho de propiedad al obligarlo a desprenderse de señales audiovisuales y que propicia una inestabilidad económica que no podría afrontar, mientras permite a las compañías de televisión satelital y de telecomunicaciones llegar a 2.200 ciudades, cuando a las de cable sólo les permite llegar a 24.
También cuestiona que permita a las empresas estatales de TV tener cobertura en todo el país, mientras a los actores privados les da “solo 35 % del mercado”, y que impida tener un canal de televisión abierta y otro por cable en una misma ciudad.