SAN JOSÉ. El Gobierno de Costa Rica afirma que ha sido víctima de un “engaño” al aceptar que una empresa de la que es ejecutivo un colombiano vinculado con el narcotráfico prestase un avión privado a la presidenta Laura Chinchilla, pero la oposición considera el caso como un ridículo y el escándalo no cesa.
Investigaciones periodísticas demostraron que uno de los directivos de THX Energy con los que el Ejecutivo costarricense tuvo contacto es Gabriel Ricardo Morales Fallón, vinculado al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta.
Chinchilla anunció que aceptó la renuncia de su ministro de Comunicación, Francisco Chacón, por este asunto, calificó lo ocurrido como “inadmisible” y aceptó que la imagen del país y hasta su propia seguridad quedaron expuestas.
El fiscal general, Jorge Chavarría, dijo ayer a una emisora que el mayor error fue la falta de comunicación entre el despacho de la presidenta y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), lo que impidió que funcionaran los protocolos de seguridad.
Chavarría reconoció a la emisora ADN que existía un expediente sobre Gabriel Ricardo Morales Fallón, de la empresa propietaria del avión, THX Energy, sin actividad en el país, que facilitaron las autoridades colombianas, pero que nunca se le relacionó con la firma ni con el Gobierno.
Según la versión del Gobierno, Morales Fallón se presentó el pasado 8 de mayo ante el entonces ministro Chacón y la asistente personal de Chinchilla, Irene Pacheco, con una tarjeta de negocios con el nombre de Gabriel O’Falan.
Chacón detalló que el empresario se presentó como un supuesto colaborador del Gobierno y que sus miembros no se molestaron en verificar su versión.
Pero ayer La Nación publicó un correo divulgado por la firma THX Energy, en el que dice que fue el Gobierno de Costa Rica el que pidió desde el martes 7 de mayo —cuatro días antes del viaje de Laura Chinchilla a Perú— para un viaje “de carácter privado” el jet que la llevaría a ese país suramericano.
Según la información, Ludwig Sibaja, director de Protocolo de Casa Presidencial, escribió a un representante de THX Energy —propietaria del jet— un correo electrónico “con la finalidad de poder explorar la posibilidad de que su representada a modo de cortesía pueda trasladarla (a Chinchilla)” a Perú.
En otra nota de La Nación , la Empresa THX reveló que fue visitada el 8 de mayo por el exministro Francisco Chacón y la asistente de la presidenta, Irene Pacheco, para “agradecer” el préstamo del avión.
Antes de que se conocieran los detalles del fundador de THX, Chinchilla justificó como un “aporte” al Estado la utilización del avión privado.
Morales Fallón, que también tiene la nacionalidad costarricense y carece de antecedentes en este país, ha sido denunciado ante la Fiscalía por suplantación de identidad.
Los denunciantes fueron Chacón, cuando todavía era ministro, y el comisionado Antidrogas de Costa Rica, Mauricio Boraschi, quienes reconocieron que fallaron todos los protocolos de seguridad.
Las autoridades se enteraron de la verdadera identidad del ejecutivo de THX gracias a investigaciones periodísticas.
Pero para entonces Chinchilla ya había viajado en dos ocasiones en el avión de THX: en marzo al funeral de Hugo Chávez en Caracas y el pasado fin de semana a Perú para asistir a una boda.
Otro actor en este caso es el exfutbolista Rolando Fonseca, goleador histórico de la selección de Costa Rica, quien dijo a la prensa local que es asesor y el único representante de la empresa THX en el país centroamericano.
El exfutbolista también está siendo investigado y podría ser llamado a declarar por la Fiscalía.
Medios colombianos han ligado durante años a Morales con el reconocido narcotraficante Chupeta, pero esas acusaciones no han sido nunca probadas.
En Colombia “están investigando una mención que se hace en el computador de un narcotraficante. Una vez que Colombia genere cargos nosotros los estaremos generando aquí”, dijo Chavarría.
Sin embargo, en 2003 Morales apareció en los registros de las autoridades colombianas por una millonaria importación irregular de lujosos autos.
En 2009 se le vinculó con un escándalo por uso ilegal de dineros de una petrolera y en 2010 fue condenado en Colombia por falsedad material de documento público agravado, aunque apeló y fue absuelto.
Reacciones
La renuncia “es lo que debe de hacer todo ese gabinete. Doña Laura (Chinchilla) no se puede ir por una imposibilidad legal, pero deberían presentarle la renuncia”, dijo Manrique Oviedo, del centrista Partido Acción Ciudadana, segunda fuerza opositora
“Hacemos el ridículo. Se expone la presidenta misma y la imagen del país con una ingenuidad increíble”, expresó.
Para el diputado Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana, el caso “demuestra que acá no se hace el trabajo que corresponde y no se toman en serio asuntos como la seguridad”.
“No es posible poner a la presidenta a montarse en un avión sin saber a quién pertenece. ¿Qué hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad?”, se preguntó Céspedes.
Para otros, como el diputado izquierdista José María Villalta, lo ocurrido “ya no es error ni descuido, sino una amenaza clara de infiltración de crimen organizado del más alto nivel en las esferas del Gobierno”.
Boraschi aseguró que “la vida de la presidenta está bajo nuestra tutela” y que en efecto, en esta ocasión, “no hubo una verificación suficientemente estricta de los antecedentes de los personeros de la empresa”.
“Hubo una situación de premura y exceso de confianza. Si nos hubieran informado (a la DIS), la presidenta no se hubiera montado en ese avión”, aseguró Boraschi, quien aceptó no contar con una explicación sobre por qué no se comunicaron los detalles del jet después del primer viaje a Caracas para que fuera investigado.
“En ningún momento se nos dijo que se iba a utilizar ese avión, por eso no saltaron las alertas relativas a Morales”, reiteró el Comisionado Antidrogas.
Chinchilla expresó en su comunicado su “profunda preocupación” por “la cadena de fallos” que hizo que no se implementaran los filtros que hubieran permitido conocer el vínculo del avión utilizado con “una persona cuestionada por actividades ilícitas”. —AGENCIAS