Un militar salvadoreño acusado de haber participado en masacres y violaciones a los derechos humanos aseguró hoy que no cometió ni ordenó torturas ni matanzas extrajudiciales mientras se desempeñó como ministro de Defensa de su país, durante la guerra civil de la nación centroamericana.
El general retirado José Guillermo García Merino dijo también que sabía que se cometían abusos dentro de las fuerzas armadas y trató de “aliviarlos” permitiendo el ingreso sin previo aviso de personal de la Cruz Roja Internacional a las instituciones militares.
“Nunca he ordenado ni he estado de acuerdo con la tortura. Mis principios me lo prohiben”, expresó García en una larga audiencia realizada en un tribunal de inmigración del centro de Miami.
“No”, respondió el militar cuando su abogada, Alina Cruz, le preguntó si alguna vez había cometido, ordenado, asistido o participado en algún hecho de tortura o matanza extrajudicial.
García efectuó sus declaraciones en una audiencia por el juicio de deportación que enfrenta en esta ciudad ante el juez Michael Horn .
Las autoridades estadounidenses buscan deportar a García bajo acusaciones de que “ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales” mientras fue ministro de Defensa (1979-1983).
Para presentar el caso judicial y pedir la deportación del ex funcionario salvadoreño, el departamento de Seguridad Interna se basó en una ley aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que allana el camino a las autoridades para acusar y procesar a presuntos represores extranjeros.
El gobierno intenta demostrar que García no hizo nada para frenar los asesinatos y matanzas extrajudiciales, ni para investigarlos.
En la jornada anterior, la defensa buscó demostrar que el militar no tenía el mando sobre las fuerzas militares que estaban por debajo de él y que debido a las presuntas divisiones que existían en el gobierno militar y en las fuerzas armadas, tampoco tenía pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo en la nación centroamericana.
Hoy, la abogada intentó también mostrar ante el juez que las autoridades estadounidenses conocían en detalle quién era García, qué puesto había ocupado en su país y cuál era la situación de El Salvador, cuando le concedieron asilo político.
“Tengo la constancia del departamento de Inmigración donde decían que habían hecho todas las investigaciones correspondientes y me otorgaban el asilo”, dijo el militar refiriéndose al estatus legal que recibió al llegar a este país. No recordó, no obstante, la fecha exacta en que le fue concedido el asilo.
Cruz, por su parte, alegó que no se trataba de un asilo cualquiera.
“Se sabía perfectamente quién era. Hubo gente de alto nivel que recomendó el asilo”, manifestó la abogada al juez Horn, que en varias oportunidades le pidió que focalizara sus preguntas y no las hiciera muy generales.
Horn dijo que el proceso no tiene nada ver con el asilo, del cual tiene copia en los expedientes.
Vestido con traje negro, corbata gris y camisa blanca, García lucía tranquilo. Fue la única persona que declaró en la audiencia, tras ser interrogado por su abogada. En la tarde sería cuestionado también por los abogados del gobierno estadounidense.
García respondió con “sí”, cuando su abogada le preguntó si sabía que las fuerzas armadas cometían abusos mientras se desempeñaba como ministro de Defensa. El militar dijo que “esos abusos venían de gobiernos anteriores” y uno de los objetivos de las nuevas autoridades era terminar con ellos.
“Traté de aliviar esa situación por medio de órdenes, por medio de solicitudes directas y por medio de solicitudes públicas a las instituciones armadas para que las fuerzas armadas sintieran el compromiso”, manifestó el militar cuando Cruz le preguntó qué había hecho él con respecto a esos abusos.
El ex ministro ofreció como ejemplo de sus medidas, el apoyo a la Cruz Roja Internacional, para darle “absoluta libertad para entrar y visitar los campos militares sin previo aviso y con total libertad”.
La guerra civil de El Salvador (1980-1992) dejó 75,000 muertos y unos 8,000 desaparecidos.
García no puede ser juzgado en El Salvador ya que una ley de amnistía aprobada en 1993 benefició a los militares que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la guerra de 1980 a 1992.
Activistas y organizaciones de derechos humanos confían en que esas normativas sean abolidas y los militares puedan ser juzgados en su país en algún momento.
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