Pese a las críticas del traslado de $28 millones de un crédito al Presupuesto General de la Nación de parte de la oposición política, la Asamblea Legislativa aprobó ayer por unanimidad tomar ese dinero de un préstamo de $100 millones con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), que era para realizar inversión en obra pública, incluida una contrapartida para el segundo compacto del Fomilenio.
La diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, argumentó que por el momento es necesario atender el tema de la inseguridad y que por esa razón se avalaría la reforma al presupuesto que fue presentada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, esta semana.
Lo fondos son para que los policías puedan recibir una gratificación extraordinaria “exenta de impuestos, como un incentivo por su labor al frente de la seguridad pública, así como continuar financiando el pago de los 6 mil miembros de la Fuerza Armada que están apoyando a la PNC en labores de seguridad y para adquirir medios de movilización que les darán más capacidad operativa”, reza parte del dictamen aprobado ayer.
El ingreso del dictamen a la agenda con urgencia fue aprobado con 75 votos de los diputados, previo a plantear el tema en el pleno, hubo una reunión de la Comisión de Hacienda para determinar el mecanismo de cómo se distribuirán los fondos.
De estos, $15 millones serán para el pago de bonos para agentes y personal administrativo de la PNC, los otros $13 millones serán para el pago de salarios a los 6 mil miembros de la Fuerza Armada.
Peña indicó que se entregará $400 de bonificación a los policías en la categoría de intermedio y $250 a los administrativos y superiores, a fin de darles un reconocimiento por su trabajo.
De acuerdo con lo informado por Cáceres el martes pasado, el dinero era de una contrapartida que sería utilizada hasta dentro de cinco años, por lo que el Gobierno tiene la disponibilidad de los recursos previo a la consulta que el Ejecutivo hizo al BCIE.
Se le consultó a Peña que el préstamo era destinado para obra pública y no para seguridad, ante esto la funcionaria explicó: “Porque la seguridad urge y la inversión va a mejorar con mejor seguridad”.
El diputado Rodrigo Ávila manifestó previo a la votación que como fracción están en toda la disposición de brindar apoyo tanto a la Policía como a la Fuerza Armada, por el esfuerzo que hacen tomando para garantizar la seguridad de la sociedad.
Agregó que la idea de ofrecer un bono a los agentes fue una iniciativa de ARENA y recordó que durante su gestión como director de la PNC, a mediados de la década de los 90 también se entregó un bono.
La diputada tricolor Carmen Elena Calderón de Escalón dijo que los bonos son un incentivo para los agentes, pero lamentó que los $13 millones para la Fuerza armada sea únicamente para salarios.
“Desgraciadamente no va contemplado allí un bono como debería para la Fuerza Armada también, pero han pedido eso porque el presupuesto para el 2015 venía sin contemplar el pago de los soldados de julio a diciembre”, mencionó De Escalón.
Agregó que lo que ARENA ha dicho en reiteradas ocasiones es que el Gobierno cuenta con fondos para hacerle frente a la delincuencia sin hacer la emisión de $900 millones bonos que tiene frenada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Prueba de ello es la reorientación que se está dando a los $100 millones de préstamo que ya se tiene con el BCIE”, consideró la diputada tricolor.
Aseveró que en la comisión de Hacienda de la Asamblea han dejado la abierta la posibilidad de buscar una alternativa que permita brindar un reconocimiento a la FAES.
Arnoldo Marín, del PDC, reconoció la deuda que se tiene con la PNC y considera que es un pequeño incentivo ante las necesidades de la policía. En lo que va del año 35 agentes de la PNC y 13 militares han sido asesinados.
Por su parte, el arenero René Portillo Cuadra, al exponer las razones que le han llevado a pedir se les pague horas extras a los policías y soldados que apoyan en seguridad pública, pues dijo, es injusto que no se reconozca ese derecho y que además se viola el articulo 38 ordinal tercero y el artículo 9 de la Constitución.
“No estamos solicitando que se modifiquen las jornadas laborales, lo que estamos solicitando es que se reconozcan esas jornadas”, sostuvo.
Dijo que ese financiamiento puede salir de $138 millones que el gobierno tiene en préstamos para proyectos para seguridad que aún no ha utilizado o de presupuestos como el que maneja el secretario privado de la Presidencia de más de $70 millones.