Familiares de inocentes detenidos en el régimen de excepción anunciaron que pedirán indemnización por el daño que sufrieron a su reputación y en sus economías porque la mayoría perdió el trabajo o negocios.
El ministerio de Justicia admitió que más de tres mil detenidos han sido puestos en libertad por falta de pruebas de que hubieran delinquido. Estos fueron los más “afortunados”, porque casi un centenar han muerto en prisión y sus parientes han denunciado que los cuerpos tenían señales de torturas, según organismos de derechos humanos. En muchos de los casos no les habían notificado los decesos a las familias, como si alguien esperara que desaparecieran señales con la descomposición de los cuerpos.
En otro caso el deceso vino después de salir de la cárcel, pero supuestamente se originó en ella: en las redes sociales se informa del caso de Edwin Manuel Flores Coreas, de 24 años, originario de Santiago de María, Usulután, quien murió el pasado 10 de febrero a causa de una gastritis cancerígena que se le originó durante los nueve meses que estuvo detenido por el régimen de excepción. Pese a que comenzó a tener el padecimiento a los tres meses, lo mantuvieron recorriendo el penal de Izalco, Sonsonate, el Centro Penal de Mariona y la granja penitenciaria de Zacatecoluca hasta que fue liberado, famélico e “irreconocible”, según dijeron sus familiares.
Es importante perseguir la delincuencia, pero no tiene que ser sacrificando a inocentes recluyéndolos en “campos de la muerte”, sitios que han sido denunciados por entidades internacionales donde se maltrata, amenaza y se tortura, como reiteradamente han denunciado familiares de personas cuyos cuerpos les son entregados.
La postura del carcelero mayor es que “nadie saldrá nunca de aquí”, aunque sea inocente. De acuerdo con testimonios del reo político Ernesto Muyshondt, al menos dos a tres personas mueren diariamente en Mariona, el penal sarcásticamente llamado “La Esperanza”.
A los dictadores poco les importa usar a su gente y luego descartarla
La Constitución de El Salvador establece que los funcionarios civiles y militares que violen los derechos de los ciudadanos “responderán personalmente” por los mismos y no podrán alegar que actuaron “cumpliendo órdenes”, recordaron abogados a El Diario de Hoy.
El artículo 244 de la Constitución salvadoreña establece que “la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”.
Además, el artículo 245 manda que “los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución”. Esto significa que no podrán alegar que “estaban obedeciendo órdenes” para librarse de cualquier pena o sanción.
Como ha ocurrido con las dictaduras derribadas, como la de Hitler o Pol Pot, primero llegan hasta usurpar el papel de “jueces” y decidir sobre la vida y muerte de la gente, pero luego deben responder criminalmente y sus peones son abandonados por sus jefes en los estercoleros.