En la fachada de su carpintería en Ankara, Cengiz Orsel colgó un cartel para denunciar al dueño del lugar, que le aumentó un 700% el alquiler y amenaza con expulsarlo si no lo paga.
El arrendamiento mensual exigido saltó así abruptamente de 3.200 liras turcas a 25.000 (116 a 917 dólares).
"Quise hacerme oír. Con exigencias así, la gente se va a poner brava y llegarán a apuñalarse", afirma Orsel que, a sus 58 años, teme tener que abandonar el taller donde ejerce su oficio desde hace 20 años.
Los medios de comunicación turcos afirman que once personas murieron y al menos 46 resultaron heridas en un año en violentos conflictos entre inquilinos y propietarios.
Un estudio publicado en agosto por la universidad de Bahçesehir detalla que los alquileres en Turquía aumentaron un promedio del 121% interanual y hasta 188% en grandes ciudades como la capital, Ankara.
Según Osman Çal, agente inmobiliario del centro de Ankara, el terremoto del 6 de febrero, que dejó más de 50.000 muertos y millones de desplazados en el sudestes, agravó la crisis de la vivienda.
El alquiler de una o dos habitaciones en el centro de la capital subió en un año de unas 2.500 liras a 17.000 (91 a 625 dólares (+650%).
La inflación anual en Turquía ronda el 60% desde 2019, según datos oficiales, aunque economistas independientes la estiman en cerca de 130%.
Ante el clamor de los inquilinos, el gobierno limitó la revisión de los alquileres al 25% para las viviendas, pero para los locales comerciales el límite es la tasa oficial de inflación.
Según los expertos, esta medida agravó las tensiones e incitó a muchos propietarios a buscar por todos los medios, a veces fraudulentos, deshacerse de sus inquilinos para volver a alquilar sus propiedades a un precio muy superior.
Un agente inmobiliario de Besiktas, un barrio muy animado de Estambul, cuenta bajo anonimato que algunos inquilinos fueron intimidados por matones enviados por los dueños de sus viviendas para convencerlos de abandonar el lugar sin discutir.
Otros fueron acosados con llamadas a todas horas. El invierno pasado, un propietario incluso derribó con un hacha la puerta de su inquilino para expulsarlo por la fuerza.
Propietarios e inquilinos, víctimas del gobierno
"El número de litigios entre inquilinos y propietarios se disparó", señala Meliha Selvi, abogada en Ankara.
Cerca de 47.000 juicios por desalojo y otros 100.000 relativos a la revisión de los alquileres se abrieron en los primeros seis meses de 2023, más del doble que el año anterior, según la prensa local.
"Inquilinos y propietarios se enfrentan, pero todos son víctimas de las políticas del gobierno", denuncia la abogada.
Ankara es considerada una de las regiones más seguras del país.
"Los propietarios se sienten perjudicados por la limitación de los alquileres. Pero un funcionario, un jubilado o un empleado con salario mínimo no pueden pagar los alquileres actuales", destaca Osman Çal.
El salario mínimo neto en Turquía es de 11.400 liras turcas (418 dólares).
Llegada de Hatay (sureste), la provincia más devastada por el terremoto, para instalarse en Ankara, Meryem Altunlu teme la revisión de su alquiler el próximo invierno.
"Pago 13.000 liras. Si me aumentan más del 25% tendré que irme y no se a dónde", expresa.
El sector de la construcción, motor de la economía turca, se contrajo 8,4% en 2022 debido al aumento de los costes, según cifras oficiales.
A pesar de un nuevo impulso tras el terremoto, el sector aún tiene dificultades para ofrecer viviendas asequibles, explica el agente inmobiliario para quien "todos los alquileres deberían reducirse en un tercio".
"Los promotores prefieren construir residencias de lujo rentables en lugar de viviendas sociales y el gobierno lo permite", acusa.