Un recorte a instituciones claves para garantizar el bienestar de los salvadoreños durante el 2022 y una prioridad de parte del gobierno por evitar el impago de la deuda pública es lo que señala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en un análisis sobre cómo se ejecutó el Presupuesto General de la Nación el año pasado con respecto a 2021, y cuál es la situación con respecto a 2023.
Los datos oficiales arrojan que, en términos fiscales, las finanzas del país mejoraron en el último año en lo que respecta a la recaudación tributaria y a la reducción del gasto público, dos aspectos que, según Ricardo Castaneda, economista senior del ICEFI, es una señal de que el gobierno ha estado ejecutando una especie de ajuste fiscal disimulado, pese a que el Ministerio de Hacienda no lo ha confirmado de forma oficial.
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Esta reducción en el gasto público podría verse como algo positivo si nos enfocamos solo en las finanzas del país de manera superficial, pues si se observan los datos, en 2022 el gasto total con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) fue de “solo” 24.3%, mientras que en 2021 fue de 26.9%, dos cifras que son relativamente bajas en comparación con los 30.4% de 2020.
No obstante, atrás de esos indicadores que podrían entenderse como una mejora para el país, como lo son el aumento en la recaudación y la reducción del gasto estatal, hay algo que podría estar afectando a nivel estructural a los salvadoreños, de acuerdo con el análisis que hizo la institución, algo que se refiere a los recortes mencionados.
Lo anterior debido a que, según el ICEFI, el gobierno le dio más importancia al tema de la deuda para evitar un eventual escenario de impago y optó por hacer recortes en instituciones claves que permiten garantizar el bienestar de los salvadoreños.
Castaneda resume que “lo que hizo el gobierno en 2022 fue priorizar el pago de la deuda sin importar lo que haya tenido que ajustar o recortar, así sea incluso recursos para el área de desarrollo”.
En términos numéricos, el ICEFI apunta que solo en 2023 se proyecta que la partida presupuestaria solo para pagar deuda, incluyendo amortizaciones e intereses, ascienda a unos $2,134.9 millones, lo que la convierte en la más alta de todo el Presupuesto, superando a partidas como las de Salud o Educación.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó al análisis del ICEFI y cuestionó: ¿Cómo van a criticar que paguemos deuda?”, al mismo tiempo que acusó a los economistas del ICEFI de ser financiados por George Soros.
Educación y Salud tienen menos ejecución
Asimismo, el análisis del ICEFI arroja que, por lo menos en 2022, las sumas ejecutadas fueron menores a las presupuestadas, lo que quiere decir que el gobierno destinó menos para inversión pública, algo que convierte a la situación en un recorte de facto.
Por ejemplo, el ramo de educación pasó del 4.6% del PIB en 2021 al 3.9% en 2022, mientras que el de Salud pasó del 3.5% al 3.4%. El gasto en obras públicas, por su parte, pasó del 1.5% al 0.9%.
El ICEFI subraya que otros ramos del gobierno que han sufrido recortes son el de Gobernación, Vivienda y Agricultura.
Este último punto está, además, relacionado con la producción agrícola, un sector que, según representantes de gremiales del rubro, no está siendo promovido por el gobierno, algo que podría desembocar en que el país enfrente una crisis alimentaria en el futuro cercano
El hecho de hacer recortes en estas áreas, incluyendo el haber dejado de pagar la pensión básica universal a las personas de la tercera edad, contribuyen a que empeoren dos situaciones que, actualmente, está enfrentando el país, como lo son la inseguridad alimentaria y el índice de pobreza, el cual se duplicó en el país desde 2019.
De acuerdo con el economista, la totalidad de inversión pública en 2022 fue menos del 50%, y apunta que las autoridades “no han explicado por qué se recortaron fondos a estos ramos”.
En este punto, también considera que, como la realidad en la ejecución de los proyectos es distinta a las asignaciones presupuestarias que se comunican desde el gobierno, esto podría estar relacionado con el esfuerzo propagandístico y publicitario que realiza el gobierno y, de hecho, Castaneda hace énfasis que algunas instancias como la Secretaría de Prensa y la Secretaría de Comunicaciones, ambas de la Presidencia, han recibido aumentos presupuestarios para este año.
Por ello, el Instituto sugiere que el gobierno debe reducir los gastos en publicidad, así como prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem en el gobierno.
Asimismo, el ICEFI considera que se deben aumentar los recursos para los programas orientados a las mujeres, a los jóvenes, a la estrategia de erradicación de la pobreza, la educación y la infraestructura hospitalaria del país. Otro punto que recomienda el Instituto es que el gobierno elimine el fideicomiso de $150 millones para el Bitcoin.