El presidente en licencia Nayib Bukele anunció que “continuará” con el programa de comprar un Bitcoin al día, este viernes 15 de marzo. Y agregó que estas nuevas monedas serán depositadas en la dirección de la “billetera fría” en la que, según el funcionario, guardarán “una parte” de la inversión en Bitcoin del Estado salvadoreño. Hizo el anuncio a través de su cuenta de X, como todos los asuntos relacionados con el criptoactivo.
Una nueva revisión a las transacciones recibidas por dicha dirección en blockchain.com da cuenta de que, como el 80 % de lo que fue depositado entre el 12 y el 14 de marzo, estos Bitcoin diarios provienen de la empresa Bitfinex, que tiene una enorme influencia en la creación de políticas en torno a las criptomonedas en El Salvador.
En concreto, los dos primeros Bitcoin, del 15 y el 16 de marzo, salieron de la misma dirección que El Diario de Hoy había identificado como el centro de la operación como exchange de dicha compañía, la 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g. El Bitcoin de la transacción del 17 de marzo provino de la 33jbjD2BRqMXQgM5zFP2uxzJymrUs33WMg, que también es propiedad de Bitfinex, según walletexplorer.com y bitinfocharts.com.
El anuncio de comprar un Bitcoin al día lo hizo Bukele por primera vez el 16 de noviembre de 2022. Si se lo toma la palabra al presidente, para ayer, El Salvador habría adquirido en esta modalidad 488 Bitcoin hasta este lunes.
Y, si se le toma la palabra a un funcionario que, se supone, se desvinculó del gobierno de la República para ser candidato al mismo puesto, su proveedor de Bitcoin es la misma Bitfinex. O al menos su intermediaria.
Algo imposible de verificar porque no existe un solo documento oficial, como un contrato , que compruebe que la empresa de Paolo Ardoino y Giancarlo Devasini tiene un acuerdo con el gobierno para venderle criptomonedas.
Una cuestión de fe
Todo el asunto de Bitcoin en El Salvador es creer en la palabra del presidente, ante la imposibilidad de tener un tan solo documento emitido por el gobierno salvadoreño en el que se refleje la inversión. Corrientemente, cada institución del Estado cuenta con el balance de sus activos. Sin embargo, no se le puede atribuir a ninguna entidad estatal la tenencia de estos Bitcoin.
¿Están enlistados como activos de Casa Presidencial o de BANDESAL, el banco bajo cuya administración está el fideicomiso con el que se financió la apuesta? ¿Están bajo la custodia de la Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) o de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNDA), las dos entidades autónomas más relacionadas con el mundo de las criptomonedas? ¿Están a nombre del presidente en licencia? ¿Han dejado, en la práctica, de ser propiedad de Bitfinex?
“Esos Bitcoin deberían estar enlistados en el apartado de activos del gobierno en su balance financiero. No es necesario que pongan muchos detalles. Solo que los mencionen. Pero, por lo que veo, el de Bukele es un gobierno al que no le gusta revelar información de nada”, dice el estadounidense Aaron Sepúlveda-Cué, economista graduado de la Georgia Southern University.
Que el gobierno sea tan reacio a publicar la más mínima información hace incluso pensar que el Estado salvadoreño no es dueño de los fondos contenidos en esa “billetera fría”. En opinión de Sepúlveda-Cué, es poco probable que esto sea así.
Lo contrario, mentir sobre su inversión, le granjearía a la administración de Bukele la desconfianza de todo el mundo cripto, especialmente de las ballenas, dueños de enormes cantidades de Bitcoin y que tienen capacidad para recabar información relativa a compras.
Actuar de manera deshonesta con una comunidad a la que busca agradar a toda costa, y para la que ha reformado tantas leyes, es como darse un disparo en el pie.
“Quiero asumir que el Gobierno de El Salvador transfiere dólares a Bitfinex para que compre Bitcoin por ellos”, comenta el economista estadounidense.
Pero, si es así, ¿de dónde salen esos dólares? En un estado, cada gasto parte de una partida presupuestaria. Es obvio que los recursos no son ilimitados.
“En el Presupuesto General de la Nación no hay ninguna unidad presupuestaria asignada a Bitcoin. No quiero decir que las compras son ilegales, pero sí que no están incluidas en este instrumento tanto de planeación como de contraloría. Estas compras van en contra de las normas de administración de fondos públicos”, afirma, por su parte, la economista Tatiana Marroquín.