Que se auditarán todos los préstamos entregados en los últimos 10 años, dijo Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el mayor financista multilateral de la administración de Nayib Bukele. Uno de ellos es el denominado “Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en beneficio de las Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19”, para el que el organismo entregó $600 millones al gobierno de El Salvador en 2021.
Su objetivo prioritario era proveer de fondos al Estado salvadoreño para que este entregara a micros, pequeñas y medianas empresas recursos para que pudieran seguir funcionando después del cierre de la economía que significó la pandemia de Covid 19 en 2020.
La meta era que estos emprendimientos no desaparecieran y, por tanto, pudieran seguir aportando al país y dando trabajos con las mismas condiciones.
Para las formalizadas, se tenían contemplados $138.35 millones para crear un subsidio que permitiera a las empresas seguir pagando a sus empleados sus sueldos completos y no tener que suprimir plazas. Este dinero se entregaría directamente a las sociedades. $360 millones, la mayor parte del programa, irían para entregar créditos para capital de trabajo a estas mipymes. Otro fracción, de $100 millones, beneficiaría a empresarios y pequeños comerciantes del sector informal.
Según el documento del análisis de la solicitud de financiamiento, colgado en el portal del BCIE, el dinero venía para cubrir al programa de manera retroactiva, ya que este se había echado a andar desde 2020. Es decir, venía para cancelar un préstamo puente.
El Gobierno de El Salvador realizó, el 21 de septiembre de 2020, la emisión de Certificados del Tesoro (CETE2020-D) por un monto $645.8 millones en el mercado de valores nacional, a una tasa del 7% fija, a un plazo de 360 días, con el objetivo de proveer los fondos necesarios para el funcionamiento del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), que iba a ser usado para llevar ese dinero a sus destinatarios finales. El mismo fue ejecutado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).
Según la economista Tatiana Marroquín, los CETES se emiten cuando existe alguna autorización para buscar fondos y funcionan corrientemente como préstamos puente, es decir, para conseguir ese dinero mientras se obtiene un crédito con mejores condiciones. En este caso, dicha autorización era un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa en julio de 2020.
En un mundo ideal, esa es la utilidad de un instrumento como los CETES, que tienen un plazo tan corto para pagar. ¿De qué serviría obtener un dinero que se tiene que pagar en tan poco tiempo?
El préstamo del BCIE le fue otorgado a El Salvador con una tasa del 2.6 % de interés, es decir, menos de la mitad que los CETES emitidos en septiembre de 2020. Se le entregó con un plazo de 20 años, con un periodo de gracia de 5 años: el Gobierno no tendría que abonar nada al organismo durante ese tiempo. Así, la administración de Nayib Bukele podría cancelar el préstamo de los CETES, que debía pagar solo 360 días después de la emisión, es decir, el 21 de septiembre de 2021.
Pero, ¿usó el gobierno todos estos fondos para este destino? La respuesta es no, pues un tercio, $200 millones, fueron desviados para la financiación de la adopción de Bitcoin en El Salvador. Estos constituyen un alto porcentaje del dinero del préstamo del BCIE usado para “obligaciones generales del Estado”: $425 millones.
Que este dinero tuvo ese destino está en documentos presupuestarios que fueron originalmente analizados por el medio Redacción Regional, en una alianza con el Proyecto de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés). Esto también fue ratificado por el presidente del BCIE cuando se concedieron estos préstamos y se autorizaron estos cambios, el hondureño Dante Mossi, apodado el “banquero de los dictadores”.
Para la economista Julia Evelyn Martínez, este desvío de fondos, además de ser una violación al contrato con el BCIE, constituye un elemento que podría dañar la ya de por sí deteriorada calificación crediticia de El Salvador.
“Lo más probable es que el GOES asumió que el expresidente del BCIE, Dante Mossi, continuaría otro periodo más al frente de este y que les ayudaría a encubrir este desvío”, dice Martínez.
La economista señala otro problema desvelado en este préstamo en particular, y es que ninguno de los controles establecidos en el mismo contrato funcionó. Por ejemplo, el BCIE incluye la creación de una comisión de las unidades ejecutorias del préstamo (el Ministerio de Hacienda y BANDESAL), que tenía que estar integrada por representantes de la sociedad civil y que tendría que asegurar que el préstamo se estaba usando para los fines establecidos. A esta comisión, el Gobierno nunca le compartió la información requerida.
Según la economista Tatiana Marroquín, el gobierno, probablemente, nunca pagó los CETES emitidos a la banca nacional para financiar FIREMPRESA. Por ello, la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) le brindó la oportunidad de transformar mucha deuda de esa época en una de mayor plazo. Marroquín calcula que siguen pendientes unos $1000 millones correspondientes a esos años.
Una aclaración que confirma
El BCIE publicó un comunicado de prensa que hace referencia a la entrevista brindada por su presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, al medio Redacción Regional, donde aseguro que la entidad diversificará su cartera de préstamos. También, que El Salvador y Nicaragua ya habían “superado su límite”. El comunicado no dice nada que desvirtúe estas afirmaciones. Confirma que el BCIE puede “servir mejor” “si aprovecha la oportunidad de elevar su participación en aquellos países con más espacio de crecimiento” en su cartera.