Por segundo día, los comerciantes del Centro Histórico de San Salvador desmontan y desalojan sus locales ubicados en el pasaje Morazán y final calle Arce. Ellos aseguran que su ida de esta zona “no es voluntaria”, ya que habrían sido amenazados con destruir sus puestos con maquinaria.
Una vendedora identificada como Estrella que ha trabajado en el Centro desde hace 24 años, cuenta su experiencia en el rubro mientras observa con pesar cómo un hombre desmantela su negocio hecho de láminas a un costado del edificio Panadés en el pasaje Morazán.
“No nos vamos de forma voluntaria si no porque no hay de otra. Nos han amenazado con llevamos a prisión a través del régimen”, dice. Este pasaje está ubicado contiguo a la Primera Calle Poniente y Calle Arce, a unos pasos del kilómetro Cero en el Centro Histórico y era reconocido por su variada venta de ropa y zapatos.
Son alrededor de 200 vendedores que fueron notificados el viernes en horas de la tarde a través de un comunicado en la que solicitaba el retiro “voluntario” en 48 horas como parte de las reuniones de diálogo que han mantenido con la comuna, al igual que en la calle Rubén Darío el 19 de abril.
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Los ocupantes de este pasaje dijeron a El Diario de Hoy que no recibieron la carta y señalan que con ellos, a diferencia de los comerciantes de la calle Darío, no se han hecho reuniones para negociar una reubicación. Otro de las cosas que han resaltado es que entre las presiones de desalojo están las “amenazas de llevarnos detenidos si hacemos protestas y como estamos bajo el régimen de excepción nos pueden arrestar”, señala otra vendedora.
“El problema no es que nos quiten lo que pasa es que no tenemos donde irnos. No tenemos lugar para seguir vendiendo o una alternativa que nos permita tener ingresos. Hay deudas que pagar sin contar con la comida, los recibos de luz, agua y hasta casa”, comenta otra vendedora que prefiere no identificarse por temor a represarias. Ella señala que buscó irse al mercado Hula Hula, pero los precios por arrendar un local asciende a los $400.
El 26 de agosto, tras recibir la notificación, un grupo de vendedores se organizaron para visitar las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e interponer una denuncia con el objetivo que esta instancia sirviera como mediador entre las partes. “Hasta ahorita solo nos han dicho que esperemos. Nosotros nos iremos a nuestras casas, ni modo”, señala otra vendedora con resignación.
Entro los afectados está Danilo Aceituno tiene 8 años de vender café en este pasaje y otras calles aledañas. Sus principales clientes son comerciantes que por muchas décadas han permanecido en esta zona y ahora asegura que tendrá que moverse a otras zonas para tener ingresos.
"No tenemos lugar para seguir vendiendo o una alternativa que nos permita tener ingresos"
Los afectados tiene hasta este domingo para sacar sus artículos y dejar la calle despejada. Otros que están en la periferia de la calle Rubén Darío tiene temor de correr el mismo destino.