Romeo Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP), presentó el pasado 11 de agosto a la Asamblea Legislativa las "Reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial", las cuales incluyen castigos y multas para quienes impulsen paros de transporte colectivo.
La nueva ley establece, en su Artículo 58, numeral 2, literal i), que se considerará como infracción grave la "participación de paros de transporte en cualquiera de sus modalidades que afecten la prestación del servicio conforme a los principios de continuidad, uniformidad, regularidad y obligatoriedad. Por cada infracción grave, se podrá imponer una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente establecido para el sector comercio y servicios", que es en la actualidad de $365.
Más adelante, en el numeral 3, literal c) establece que será una infracción muy grave el reincidir en dos infracciones graves en un año calendario; de hacerlo, el Gobierno revocará la concesión o permiso correspondiente al concesionario.
En resumen: si un empresario de transporte se va dos veces a paro en el mismo año a calendario, le quitarán la concesión de sus rutas, si esta legislatura es aprobada por los diputados.
Sin embargo, los representantes del sector de transporte de pasajeros consultados por El Diario de Hoy han dicho que no tienen como objetivo ocupar los paros como medidas de presión, y que lo que buscan es un diálogo sano y propositivo con el Gobierno.
"Desde hace mucho tiempo no hemos acudido a ese tipo de medidas, incluso desde gobiernos anteriores; pensamos que es mejor mantener una postura de comunicación y de diálogo con el Gobierno", expresó sobre el tema Lucio Vásquez, representante de la Mesa Nacional de Transporte.