Tras la captura de cinco líderes campesinos en San Juan Opico, la comunidad a la que pertenecen, conformada por familias de campesinos sin tierras, expresa temor a posibles represalias de parte de quienes interpusieron la denuncia bajo la cual los cinco hombres se encuentran detenidos.
Quienes han tomado, con miedo, las riendas de la organización de esa comunidad están convencidos que sus compañeros fueron capturados a causa de la lucha que realizaron, durante los últimos meses, en contra del desalojo del asentamiento en esos terrenos.
Los campesinos, que viven ahí desde hace tres años, aseguran que en el lugar, durante mucho tiempo, se practicó el cultivo de diferentes productos con técnicas nocivas para el Medio Ambiente como la quema.
Afirman que desde que se asentaron en el lugar, ellos han rescatado las tierras, trabajando con técnicas amigables para el Ambiente. Se auto denominan protectores de propiedad del Estado, pues dicen que el lugar es propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y, bajo ese argumento, le piden al gobierno que les sigan permitiendo cultivar frutas y hortalizas que utilizan para el consumo propio.
“No pedimos papeles, pedimos que nos dejen trabajar la tierra”, dice Julio García, residente de la comunidad quien afirma, además, que si es el gobierno quien les pide desalojar, lo harán solicitando una reubicación o indemnización por la inversión que realizaron en los últimos tres años.
“La lucha es porque nos dejen trabajar”, señala y confirma que, desde la captura de los cinco líderes, el ímpetu por cultivar la tierra se ha convertido en miedo a sufrir el mismo destino que sus compañeros y denuncian intenciones de criminalizar su lucha organizada.
Piden intervención de gobierno
Con la intención de conseguir respuestas de parte del gobierno salvadoreño, los líderes de la comunidad de campesinos sin tierras, asentados en la Finca Argentina, de San Juan Opico, han redactado diferentes documentos exponiendo los detalles de su caso y solicitando la intervención de entidades del gobierno. El grupo de campesinos asegura que no es la primera vez que han intentado hacer llegar su petición a instituciones estatales. Incluso, han tratado que el presidente Bukele les responda a través de redes sociales, plataformas en donde es habitual que atienda y de solución a solicitudes de la población; sin embargo, no han podido conseguir su cometido.
También han procurado tocar la puerta de otras instancias como la Alcaldía de San Juan Opico y aunque atendieron a su llamado, tampoco han conseguido las soluciones y respuestas que necesitan ante la amenaza de desalojo y otras represalias por su lucha. “La primera amenaza fue que si nosotros tocábamos ese muro, nos íbamos a ir presos”, dice uno de los campesinos sobre la construcción de un muro perimetral que es la estructura visible de la intención de movilizar a los campesinos.
Antes de la captura de los cinco líderes, otras protestas de la comunidad fueron ignoradas y los representantes actuales creen que la criminalización de esa defensa de los terrenos y del Medio Ambiente ha sido el trasfondo de las detenciones y temen que se les aplique la misma medida que a ellos.
Incluso, algunas de las familias que participaron en esas protestas han comenzado a desalojar el sitio por miedo. Sus cultivos se han deteriorado y la zozobra en el sitio ha ido en aumento ante la incertidumbre de lo que pueda suceder.