Más de 30 denuncias de personas con discapacidad capturadas durante el régimen de excepción, contabiliza la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
Mireya Tobar, procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que la Procuraduría de forma oportuna ha mandado los oficios correspondientes a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir de manera inmediata para que se hagan las evaluaciones desde el Instituto de Medicina Legal, especialmente en aquellos casos de incapacidad intelectual.
“Hemos tenido experiencia en algunos de los casos en los que la Fiscalía ha hecho las consideraciones y (los capturados) han quedado en libertad”, aseguró.
La funcionaria explicó que entre las denuncias que ha recibido esa institución están las detenciones de personas con discapacidad física, intelectual y psicosocial.
Las declaraciones fueron brindadas durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, realizada en conjunto con organizaciones de y para personas con discapacidad en el país.
Representantes de las organizaciones de la mesa permanente de personas con discapacidad aprovecharon la ocasión para expresar su preocupación “ante el deterioro de la institucionanalidad que debe promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población”.
En un comunicado de prensa expresaron su preocupación porque el Estado incumple sus obligaciones nacionales e internacionales con los derechos humanos del colectivo de discapacidad, debido “al escaso interés y la ausencia de voluntad política para impulsar acciones concretas” en beneficio de esa población en vulnerabilidad.
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Falta reglamento y presupuesto
Tanto la PDHH como las organizaciones de personas con discapacidad hicieron un llamado al presidente de la República , Nayib Bukele, para que cumpla con la obligación constitucional de la elaboración del Reglamento de la Ley de Especial de Inclusión Social de las personas con discapacidad, vigente desde el 1 de enero de 2021.
Las organizaciones también hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa para que la comisión de Hacienda asigne los fondos necesarios para el cumplimiento de la Ley.
La PDDH recalcó que aunque la ley es una normativa novedosa que reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad, se debe reconocer las deudas del Estado en cuanto a la elaboración del reglamento para facilitar su cumplimiento.
“Por otro lado, es preciso señalar que el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conaipd, ha limitado su mandado a la divulgación de la ley y no a la vigilancia y exigencia del cumplimiento de esta”, señaló la PDDH.