El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro admitió en la entrevista televisiva Frente a Frente que unas 2,000 personas que fueron capturadas dentro del régimen de Excepción como sospechosas de ser pandilleros han sido liberadas hasta la fecha. “Es un porcentaje mínimo”, aseveró.
Especialistas en derechos humanos consideran que el Estado no debe equivocarse en este tipo de situaciones, y por lo tanto ante esos errores deben responder por los daños causados a las víctimas.
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Para Henry Fino, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) que el ministro de Seguridad acepte que 2,000 personas han salido libres porque no han tenido ninguna causa probable, realmente es triste, porque ningún Estado, tratándose de la libertad, la inocencia de una persona tiene que equivocarse.
Fino explicó que el Estado debe restablecerles su “buen nombre”, porque para la sociedad ahora ellos son pandilleros, son delincuentes, eso es un alto costo para estas personas.
“No se repara el daño con dejarlos en libertad. El prestigio, no se va a restablecer con dejarlos en libertad. El Estado debe responder por esos errores”, sentenció.
Fino agregó que esa es una factura que debe pagar el Estado y gobierno de El Salvador.
“Hay una norma constitucional que dice que el Estado responderá por los errores. El haber detenido a una persona sin causa, así como lo ocurrido el fin de semana con los jóvenes en la comunidad Amando López, en el Bajo Lempa, es un error del Estado, por lo que debe de indemnizarlos”, explicó.
En la misma entrevista, Villatoro a la misma vez negó que las personas que han salido de las cárceles hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos, como han reportado diversas organizaciones sociales e internacionales.
“No, eso no es posible, eso es parte de los “cuentos”, eso de violaciones dentro de las cárceles”, expresó el ministro Villatoro.
La afirmación del ministro de Seguridad contrasta con el testimonio de un reo que fue liberado tras cinco meses de estar capturado, quien narró a este medio de comunicación las torturas a la que eran sometidos los encarcelados en el inicio del régimen de excepción.
Juan, cuyo nombre se ha cambiado por su seguridad y para no afectarlo, pues aún continúa atado a un proceso judicial, relató que fue confinado en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, a mediados de abril. En los días más duros para los prisioneros bajo el régimen de excepción.
El hombre explicó que solo los alimentaban con una tortilla con frijoles cada día, no les daban agua para beber, les echaban gas lacrimógeno en las celdas, los contaban hasta tres veces en la noche para no dejarlos dormir.
Juan agregó que cada vez que entraban los nuevos reclusos recibían una paliza por parte de los custodios. “Me agarraron como si estaban aporreando frijol. Pasé tirado tres días, que no podía ni moverme”, relató.
El hombre que estuvo recluido en la celda 32 del penal de Mariona aseguró que vio morir a reos. “Fue triste para mi ver morir personas inocentes. En la celda 32 vi morir gente. Fueron tres jóvenes. Se miraban sanitos, pero de repente caían desmayados. Uno pedía ayuda pero nadie llegaba. A veces, entre nosotros mismos, tratábamos de auxiliarlos, dándoles aire, volvían en sí, pero al rato volvían a caer y ya estaban muertos”, dijo.
La organización Cristosal ha registrado 87 muertes bajo custodia del Estado, desde que inició el régimen de Excepción hasta el 4 de noviembre, según informó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, durante el Foro Cap 2022 de periodismo, realizado la semana en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, el ministro aseguró que este número ya ascendió a 90.
“Tenemos por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador una violación masiva de derechos”, aseguro Bullok.
Por su parte, Celia Medrano, defensora de Derechos Humanos, expresó que ni siquiera se puede saber si lo afirmado por el Ministro es cierto o no, debido a la falta de acceso a información pública.
Medrano agregó que es importante demandar información sobre el régimen de excepción que permita constatar las graves denuncias hechas por familiares de capturados que han muerto o han sido asesinados en centros penales, cuyos cuerpos han sido sepultados en fosas comunes sin ser identificados o registrados incorrectamente.
“¿Cuántas personas víctimas de homicidio dentro de centros penales y enterradas en fosas comunes podrían estar registradas como personas apresadas que han sido liberadas?”, cuestionó.
Reparación
Juan Carlos Torres, director de la Maestría en en políticas para la prevención de violencia y cultura de paz, de la Universidad Don Bosco en El Salvador, opina que desde la cultura de paz basada en la justicia social y desde el enfoque de derechos humanos, una persona capturada que resulta ser inocente tiene derecho a una reparación de parte del Estado.
En primer lugar, según el académico, el ministro de Seguridad debería extender una carta pidiendo una disculpa formal para el afectado y una constancia validando su inocencia.
Torres dice que sumado a esto el ministerio de Trabajo debería habilitar una ventanilla para atender y dar seguimiento a estos y apoyar a las personas que han sido despedidas de sus trabajos a causa de la captura injustificada.
Finalmente, Torres plantea la necesidad de atención psicosocial a las familias afectadas para cuidar su salud mental y la salud familiar. “Si el Estado pide responsabilidad a los ciudadanos debe dar el ejemplo y hacerse responsable por los errores cometidos por sus instituciones”, aseguró Torres.