Los hombres y mujeres menores de 30 años son los más estigmatizados y afectados por las vulneraciones de derechos humanos, cometidas por agentes del Estado, durante el régimen de excepción, según el último informe brindado por organizaciones sociales.
Según datos registrados por siete entidades defensoras de derechos humanos, han atendido a 5,775 víctimas desde el 27 de marzo de 2022 al 30 de septiembre de 2023, de las cuales el 52.54% son personas menores de 30 años, correspondiente a 3,334 afectados.
En cuanto a la identidad de género de las víctimas, 4,840 son hombres, 887 mujeres y el resto de orientaciones diversas. Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), explicó que aunque el mayor número de capturados son hombres, esto representa una recarga en las labores de cuidado en las mujeres, que ahora además deben de proveer de recursos económicos.
Las denuncias están relacionadas a detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, allanamiento de morada, acoso, amenazas, lesiones, agresiones y violaciones sexuales y muertes bajo custodia del Estado.
“Esto contrarresta la narrativa que señala el Estado de decir que ha detenido a terroristas cuando muchas veces se trata de personas inocentes. En este caso la detenciones arbitrarias representan el 94.77% de casos recibidos”, aseguró Santos.
La representante del Idhuca explicó que en muchas de las detenciones los agentes policiales incluyen datos falsos con relación a la captura.
“Muchas de las detenciones que se han realizado dentro de las casas, pero el señalamiento en las actas policiales es que la personas ha sido detenida en esquina de un pasaje, con otras personas, cuando en realidad ha sido que han ingresado a su morada”, expuso.
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Un 7.60% de las denuncias son relacionadas a tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura. Los avisos han sido realizados por familiares de los detenidos y por personas que han sido liberadas y lograron sobrevivir, por lo que representa a solo un pequeño porcentaje de toda la gente que está en las prisiones.
Muertes
Por otra parte, desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha, las siete organizaciones han registrado la muerte de 189 personas en las cárceles o después de salir de ellas, de las cuales el Estado no se ha hecho cargo ni de la investigación, ni de la reparación.
El fiscal general Rodolfo Delgado confirmó en junio de este año que durante el régimen de excepción se han registrado 142 muertes de reos en centros penales, pero que hasta esa fecha no habían encontrado “un delito que perseguir”. El fiscal hizo mención de un informe proporcionado por Cristosal días antes.
“Los datos que ha dado la oenegé no son los correctos. No han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal. Han sido recabados por diferentes fuentes y no de manera científica”, mencionó el fiscal.
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Sin embargo, Delgado no explicó que el gobierno, incluyendo la institución que él dirige, ha puesto reserva a toda la información estadística sobre el régimen de excepción, a pesar que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que es de carácter público.
El 75% de las víctimas señaló como victimarios a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), un 7.13% a personal de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y un 14.74% a los equipos conjuntos con personal de ambas instituciones.
“Como sabemos la Fuerza Armada está realizando tareas de Seguridad Pública que no le corresponden. Hemos recibido denuncias de 412 víctimas que específicamente han sufrido vulneraciones de la Fuerza Armada”, manifestó Santos.
Uno de los casos más conocidos sobre los abusos cometidos por la Fuerza Armada es el caso de una niña de 13 años que fue violada por un sargento de la Marina Nacional bajo la amenaza del régimen de excepción.