Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, negó que al interior de las cárceles salvadoreñas hayan muerto bebés que acompañan en el encierro a sus madres detenidas bajo el régimen de excepción. Según casos documentados por este periódico y otros medios de comunicación, estas muertes de infantes habrían ocurrido ante la falta de adecuados servicios de salud para ellos o condiciones insalubres en prisión.
Ante eso, el funcionario de Seguridad afirmó que, por el contrario, "hay un tratamiento integral de parte del Estado", a los menores. Agregó que hay instituciones gubernamentales que abordan este tema. "Hay todo un levantamiento de hijos, dependientes de reos, sean hombres o mujeres", dijo Villatoro en la entrevista televisiva Frente a Frente.
El Diario de Hoy documentó en julio pasado el caso de Carlitos, un infante que murió ingresado en el hospital Bloom, seis después de ser entregado a otros familiares y de haber pasado seis meses en el penal de Izalco junto a su madre. Murió por complicaciones de la neumonía.
Asimismo, otro caso documentado por este periódico es el de la bebé Génesis, quien murió de neumonía el pasado 17 de mayo tras pasar seis meses compartiendo prisión con su madre, quien fue arrestada el 24 de agosto de 2022 bajo el régimen de excepción. Génesis enfermó al interior de la cárcel, según su abuela.
En ese entonces, Marbely, la madre de Génesis, no se enteró que su hija había muerto. Un familiar intentó avisarle llamando al penal de Apanteos, pero no obtuvo une respuesta favorable.
Villatoro: “No puedo decir que los 7,000 liberados sean inocentes”
El ministro de Seguridad también manifestó que la cifra de 7,000 detenidos en el marco del régimen de excepción que han sido liberados hasta el momento están gozando de una "medida sustitutiva a la detención".
“No estamos llegando al juicio, yo no te puedo decir que esos siete mil son inocentes, sería irresponsable de mi parte, porque hay un proceso pendiente todavía por desarrollar”, expresó Villatoro.
El funcionario no dio un número exacto sobre las detenciones en el marco del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, pero situó la cifra en más de 73,000.
Cuestionado por cuánto tiempo más continuará la medida, Villatoro no dio una respuesta precisa y dijo que estará vigente hasta que se produzca la captura del último miembro de pandillas. "¿Cuándo va a terminar?, cuando estemos seguros como estado que la amenazada ha sido neutralizada".
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El Ministro señaló que la suspensión de derechos constitucionales recae en miembros de organizaciones terroristas y no está afectando a la ciudadanía. Villatoro expresó que si se estuvieran vulnerando derechos, el régimen de excepción no sería tan popular.
Sin embargo, se han documentado las amenazas de policías y militares a ciudadanos con aplicar el régimen de excepción por motivos ajenos al combate a la delincuencia. Por ejemplo, cuando un agente de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) le exigió miles de dólares a una víctima para no capturarlo.
También está el caso reciente de la violación de una niña de 13 años, que fue amenazada con ser capturada ella y sus amigos si no accedía a tener relaciones sexuales con un sargento de la Fuerza Armada.
En referencia a ese último caso, el titular de Seguridad Pública dijo que no actuaron por presión para hacer la captura de los seis militares implicados en el crimen y sostuvo que “lo que digan de forma malintencionada los medios no es responsabilidad de nosotros”. Los seis militares, cuyo proceso pasó a etapa de Instrucción, fueron presentados cinco días después de que se cometió la violación contra la niña, luego de un silencio institucional sobre el caso.
La violación de la niña, ocurrida en el cantón Mizata, en Teotepeque, La Libertad, el 23 de septiembre, fue divulgada por el Movimiento de Trabajadores de la Policía. La Policía y la Fuerza Armada no mencionaron el caso en sus perfiles oficiales. La Fiscalía ha solicitado se declare en reserva el proceso judicial.
El ministro dijo que tanto la PNC como la Fuerza Armada tienen organismos internos de control para fiscalizar la actuación de sus elementos y eso es lo que se debe fortalecer. “Esas son las cosas que tenemos que ir reparando desde la institucionalidad”, comentó. Pero dijo no tener el dato de cuántos casos han sido conocidos por las instancias de control interno.