Proyectos de IA tendrán contratación directa en El Salvador y son declarados de utilidad pública

La Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales para ejecutar proyectos nacionales de Inteligencia Artificial (IA), robótica y tecnologías similares en El Salvador, mediante un régimen específico para sus adquisiciones y contrataciones, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas, científicas, productivas e institucionales del país.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la República a través de la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y fue registrada en la Asamblea como la pieza 7-A. El proyecto establece un marco regulatorio especial para iniciativas impulsadas o coordinadas por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

Las disposiciones declaran de utilidad pública y prioridad la ejecución de estos proyectos, incluidas las adquisiciones y contrataciones necesarias para su planificación, desarrollo, implementación, operación, mantenimiento, actualización o ampliación.

El decreto también establece qué tipo de iniciativas podrán considerarse proyectos nacionales, cómo se realizarán sus contrataciones y qué condiciones deberán cumplirse para incorporar proyectos que ya se encuentren en desarrollo.

¿Qué proyectos podrán ser considerados nacionales?

La normativa define como Proyectos Nacionales de Inteligencia Artificial, Robótica y otras tecnologías similares aquellas iniciativas impulsadas o coordinadas por la ANIA que tengan como finalidad la investigación, desarrollo, entrenamiento, evaluación, adopción, implementación, transferencia o aplicación de sistemas, modelos, plataformas y soluciones tecnológicas.

También podrán incluir el desarrollo, adquisición, construcción, implementación, operación, mantenimiento, actualización o ampliación de la infraestructura necesaria para ejecutarlos.

Esto comprende infraestructura de cómputo, centros de datos, laboratorios, sistemas de energía, refrigeración e interconexión, además de otros bienes, servicios o capacidades relacionados con su funcionamiento.

Los proyectos deberán responder al interés público y contribuir al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, científicas, productivas o institucionales del país, al desarrollo económico, la soberanía tecnológica, la seguridad o la modernización del Estado.

No toda iniciativa de IA o robótica recibirá automáticamente esta categoría. El director ejecutivo de la ANIA, o su suplente cuando corresponda, deberá determinar mediante una resolución motivada cuáles iniciativas u obras serán consideradas Proyectos Nacionales.

Esa resolución deberá establecer el objeto, alcance, componentes y etapas de cada proyecto, además de delimitar las adquisiciones y contrataciones comprendidas en su ejecución.

¿Cómo funcionará la contratación directa?

Uno de los principales cambios está relacionado con las adquisiciones. Las obras, bienes, servicios, consultorías, licencias, plataformas, datos, modelos, capacidad de cómputo, infraestructura y otras prestaciones contempladas por el régimen especial quedarán fuera de la aplicación de la Ley de Compras Públicas en las circunstancias establecidas por la nueva normativa.

Entre los casos contemplados están los servicios altamente especializados, tecnologías, plataformas o programas de formación que no se presten o no estén disponibles en El Salvador.

También se permitirá cuando exista un proveedor único o cuando razones de compatibilidad, estandarización, interoperabilidad, seguridad, soporte o integración obliguen a contratar con determinado proveedor, marca o ecosistema tecnológico. Se incluyen, además, insumos, equipos, licencias o servicios especializados destinados a investigación científica, innovación o desarrollo tecnológico.

Las disposiciones contemplan igualmente la contratación de expertos, asesores, investigadores, evaluadores, jurados, mentores, conferencistas y otros especialistas nacionales o extranjeros cuando su especialización, experiencia, confianza o confidencialidad sean relevantes para ejecutar un proyecto.

El mecanismo se denominará Contratación Directa, pero cada proceso deberá quedar documentado en un expediente administrativo. La ANIA deberá verificar la capacidad e idoneidad del proveedor, establecer las condiciones técnicas y económicas y documentar la razonabilidad del precio.

La selección del proveedor y las condiciones esenciales de la contratación deberán ser aprobadas mediante una resolución motivada del director ejecutivo de la ANIA o de su suplente. Las operaciones podrán formalizarse mediante contrato, orden de compra, aceptación de oferta, aceptación electrónica u otro instrumento que deje constancia del objeto, precio y condiciones acordadas.

Expertos extranjeros y trámites para los proyectos

Las disposiciones también establecen condiciones específicas para incorporar profesionales extranjeros. Cuando exista una relación laboral con la ANIA, estas personas trabajarán exclusivamente para la institución.

Los profesionales extranjeros que tengan un título acreditado en su país de origen y presenten la documentación correspondiente podrán quedar exentos del trámite de homologación del título académico y de la obtención de credenciales previstas por las leyes salvadoreñas, siempre que mantengan un contrato vigente con la ANIA y cumplan las condiciones establecidas.

La Agencia deberá mantener un registro de estos profesionales y compartirlo con la Dirección General de Migración y Extranjería. También podrá recurrir a cooperación interinstitucional e internacional para verificar competencias académicas, autorizaciones y registros profesionales.

Los trabajadores extranjeros contratados por la ANIA podrán solicitar residencia temporal en El Salvador para ellos y su grupo familiar. Esta podrá ser concedida de manera expedita hasta por dos años prorrogables, según establece el documento.

La normativa también faculta a instituciones como la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, el Centro Nacional de Registros, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y las municipalidades a emitir lineamientos especiales que faciliten documentos y permisos de construcción, ambientales, de interconexión y funcionamiento necesarios para los proyectos.

Además, desarrolladores, proveedores, operadores, inversionistas y otros participantes podrán acogerse a regímenes fiscales, aduaneros o de incentivos ya establecidos en la legislación vigente, siempre que cumplan sus requisitos y condiciones. La disposición, por tanto, no establece por sí misma una exención fiscal automática para todos los proyectos.

Proyectos que ya están en marcha también podrán incluirse

La normativa también contempla las iniciativas que comenzaron antes de su entrada en vigencia. Los proyectos ya iniciados, incluidos sus actos preparatorios, podrán ser declarados Proyectos Nacionales de Inteligencia Artificial, Robótica y otras tecnologías similares si cumplen los fines y características establecidos en la ley.

En estos casos, la declaratoria deberá emitirse mediante una resolución motivada del director ejecutivo de la ANIA, o de su suplente, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la normativa.

Las disposiciones también contemplan proyectos financiados total o parcialmente con préstamos, créditos, garantías u otros instrumentos provenientes de Estados, agencias oficiales u organismos internacionales. En estos casos podrán aplicarse las condiciones establecidas por la contraparte internacional en aspectos como selección de proveedores, origen de bienes y servicios, experiencia, compatibilidad e interoperabilidad.

La Corte de Cuentas de la República podrá realizar auditorías externas, financieras, operacionales o de gestión sobre las operaciones ejecutadas bajo esta ley. El decreto establece que la normativa entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

El nuevo régimen se suma al marco creado en 2025 con la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, que estableció a la ANIA como autoridad rectora en la materia. El proyecto de decreto señala que las nuevas disposiciones responden, entre otros aspectos, a la especialización y complejidad tecnológica de estos proyectos y a necesidades de compatibilidad, interoperabilidad, seguridad y continuidad tecnológica.