Seis meses después de prometer un informe con los hallazgos y recomendaciones a partir de las visitas a los centros penitenciarios, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aún no lo tiene listo.
El Diario de Hoy solicitó el informe que la procuradora Raquel Caballero de Guevara anunció al vicepresidente Félix Ulloa que entregaría, el pasado 31 de marzo, pero la PDDH informó que “se encuentra elaborándolo”.
Según la PDDH, dicho informe se dará a conocer “en su oportunidad”.
Las visitas, aseguró la cuenta oficial de la PDDH, serían realizadas con el equipo técnico de la institución.
“La procuradora Raquel de Guevara enfatizó que junto a su equipo técnico se mantiene vigilante del tema de seguridad para dar seguimiento y atención a casos de denuncias que llegan a la PDDH”, aseguró en marzo la Procuraduría.
Recientemente, el gobierno salvadoreño reconoció que de las más de 73,000 capturas bajo el contexto de suspensión de garantías constitucionales y judiciales (régimen de excepción), 7,000 personas fueron detenidas sin tener relación alguna con grupos delincuenciales. Para el ministerio de Seguridad existe ese “margen de error”. Pero no hubo un pronunciamiento de Caballero de Guevara o institucional al respecto.
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El Diario de Hoy solicitó una entrevista con Raquel Caballero o con algún designado, a través de comunicaciones institucionales de la Procuraduría, pero no hubo respuesta. Sin embargo, Caballero sí dio declaraciones al medio colombiano Noticias Caracol, a quien dijo desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que no cree que haya capturas arbitrarias.
“No creo que haya inocentes (en los centros penitenciarios), la mayoría de ellos tienen tatuajes en todo su cuerpo, es impresionante eso”, dijo la funcionaria.
Andrés Guzmán, comisionado de Derechos Humanos de Nayib Bukele, dijo al mismo medio colombiano que no hay torturas en el país, pero hay informes avalados por la organización internacional Human Rights Watch que lo contradicen.
Funcionarios “favorables” al régimen
Para la jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, las pocas declaraciones emitidas por Caballero han sido favorables al régimen de excepción, “pese a las innumerables denuncias que han hecho familiares de personas detenidas y las diferentes organizaciones de la sociedad civil”.
“Al no emitir un informe de esta naturaleza y no realizar acciones correspondientes la procuradora incumple su mandato y deja en desprotección a las víctimas inocentes del régimen de excepción”, señaló Navas.
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“Se trata de una connivencia con el Estado de El Salvador y con esta política pública”, añadió la experta.
Por su parte, el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, aseguró ante esto que el silencio de la PDDH “no es aceptable ni justificable”.
“A seis meses del ofrecimiento, pero casi un año desde la elección de la procuradora Caballero es inaceptable que no existan hallazgos, informes especiales, recomendaciones, medidas cautelares o cualquier otro mandato de la PDDH respecto de las graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo dentro de las cárceles en El Salvador”, aseguró Morales.
Lo que debieron hacer
Para el experto en derechos humanos, si la PDDH ha ingresado a los penales, el personal técnico habría hecho la verificación de ir con los protocolos con los que cuenta la institución y “habría información suficiente”. “Si ese fue el caso estaríamos ante el escenario de que la persona titular no ejerce su mandato utilizando estos hallazgos”, aseguró a El Diario de Hoy.
Caballero se comprometió en mayo de este año a investigar 49 casos de supuestas capturas arbitrarias presentados por el Comité de familiares víctimas del régimen de excepción del Bajo Lempa (CEB´s) y gestionar con la Fiscalía General de la República una comisión interinstitucional para agilizar que sean puestos en libertad.
El Comité de familiares del Bajo Lempa presentó en septiembre de 2022, al procurador anterior Apolonio Tobar, un total de 111 casos debidamente documentados de supuestas capturas arbitrarias realizadas durante el régimen de excepción, de personas que no tienen ningún vínculos con pandillas, pero en la reunión les explicaron que el exprocurador no registró ni le dio trámite a ninguno de los casos.
En diciembre de 2022 Caballero adoptó el compromiso de ejecutar verificaciones de la situación de los detenidos durante el régimen de excepción en compañía de los colaboradores técnicos de la PDDH y funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
“Tanto en la gestión anterior de Apolonio Tobar como en la actual de Caballero hemos observado la emisión de informes solo estadísticos, que evidencian que sí hay verificaciones e información en poder de la institución, pero sin establecer las violaciones y sin dictar recomendaciones”, señaló Morales.