La orden de detención provisional contra el exdiputado y excandidato presidencial de El Salvador Rubén Zamora ha generado polémica y diferentes actores sociales han señalado que se trata de una "persecución política" por su postura crítica frente al Gobierno de Nayib Bukele.
El sábado se dio a conocer una resolución en el proceso por la masacre de El Mozote, donde el Ejército ejecutó a unos 1,000 civiles en 1981, en la que se ordenó prisión provisional contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y los exdirectivos de la Asamblea Legislativa de 1993, entre ellos Zamora, crítico del Gobierno de Nayib Bukele.
La jueza Mirtala Portillo, acusada de "opacidad" por la querella del proceso penal contra más de una docena de mandos militares retirados, indicó en su resolución que estas personas supuestamente encubrieron a los procesados con la promulgación de una ley de amnistía de 1993.
"La orden de captura contra Zamora solo evidencia ignorancia de hechos históricos constatables, como el que Zamora estuvo en contra de la aprobación de la ley que se conoció como una 'autoamnistía'", dijo este domingo a EFE Celia Medrano, candidata a la vicepresidencia por el partido Nuestro Tiempo (NT).
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En 1993, poco antes que una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas revelara su informe sobre violaciones a derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992), la Asamblea Legislativa promulgó la amnistía, que fue declarada inconstitucional en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Medrano añadió que con dicha orden también se "constata la instrumentalización de un sistema judicial sometido y cooptado para finalidades políticas por el actual Gobierno".
"Si se buscara castigar el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad la principal acción debería dirigirse a las jefaturas de la Fuerza Armada que ordenan bloquear el acceso a los archivos militares, protegiendo con ellos a los responsables de la masacre de El Mozote", acotó.
Esto en referencia a los bloqueos realizados en octubre de 2020 por la Fuerza Armada, y que el presidente Nayib Bukele respaldó, a inspecciones ordenadas por el entonces juez de la causa, Jorge Guzmán.
A juicio de Medrano, la orden es una reacción a la reciente inclusión de tres funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la lista de "actores corruptos y antidemcoraticos" de Estados Unidos.
La hija de Rubén Zamora, la cineasta Marcela Zamora, señaló el sábado en su perfil de Facebook que existe una "persecución política" contra su padre.
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"El Gobierno de Nayib Bukele lleva mas de 3 años investigando a mi padre Rubén Zamora Rivas y no han podido encontrarle nada, pues durante mas de 40 años de carrera política y diplomática utilizó el poder que se le concedió como funcionario público para ponerlo al servicio de las y los ciudadanos salvadoreños/as", escribió.
Agregó que "cobardemente quieren encarcelarlo por un delito que no existe" y afirmó que su padre "NO firmó la amnistía" y que "desde siempre tuvo una postura crítica ante ella".
Zamora fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa y candidato a la Presidencia del país por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1994, además ha sido embajador de El Salvador en Estados Unidos y la India. Actualmente es parte del movimiento Resistencia Ciudadana, que ha señalado de inconstitucional la candidatura a la reelección inmediata de Bukele.