Miguel Ángel Pimentel Martínez, de 58 años, falleció el miércoles anterior, cuando era trasladado, supuestamente con vida, de las bartolinas del Sistema 911 de la delegación de Santa Ana hacia el hospital nacional San Juan de Dios de esa misma ciudad, a donde llegó ya muerto.
Miguel fue detenido el pasado 15 de octubre, cerca de su vivienda, en el municipio de Ahuachapán, luego de haber incumplido la orden de un juzgado especializado para una vida libre de violencia contra la mujer.
Él estaba procesado judicialmente desde el 2019, tras ser acusado de violación e intento de feminicidio. El mismo juzgado le había dado medidas sustitutivas a la detención, y le había decretado medidas de alejamiento de las denunciantes. No obstante, de acuerdo con familiares, la semana anterior Miguel fue a la casa donde vivían las personas que lo acusaban,y por eso fue detenido.
De acuerdo con familiares de Miguel, éste adolecía insuficiencia renal en etapa avanzada, enfermedad que le había provenido por padecer diabetes desde hacía varios años, a tal punto que casi había perdido la vista por completo y en los pies se la habían hecho llagas por las cuales apenas podía caminar.
Según familiares, hacía una semana que Miguel había salido de un largo período de hospitalización, precisamente por los padecimientos ocasionados por la diabetes y estaba próximo a iniciar el proceso de diálisis debido a que los riñones ya no le funcionaban.
“Él ya estaba con el diagnóstico pero ellos no lo dejaron hacer los exámenes que le habían dejado para iniciar las diálisis”, aseguró una familiar.
“Él ya no veía. De hecho los policías se reían porque decían que no les había costado capturarlo”, comentó un familiar de Miguel, quien explica que a consecuencia de la diabetes tenía llagas en los pies. La fuente mostró una imagen de un pie de Miguel que muestra las llagas profundas que tenía.
La familia suplicó a los policías que tomaran en consideración la gravedad de las enfermedades que Miguel sufría; sin embargo, ellos tenían que cumplir con la orden de captura, dijeron.
Los primeros tres días lo tuvieron en bartolinas policiales de la delegación de Ahuachapán. Allí permitieron que la compañera de vida le aplicara las inyecciones de insulina que necesitaba para sobrevivir con la diabetes.
Pero después fue trasladado a la delegación de Santa Ana, donde la actitud de los policías fue distinta a los de la delegación de Ahuachapán, refieren familiares. La familia rogó a los policías de Santa Ana que tuvieran consideraciones hacia Miguel debido a su estado de salud. Sin embargo, allí ya no permitieron que la compañera de vida le inyectara la insulina.
Lo único que pudo hacer la familia fue entregar a los policías, la insulina (para la diabetes), la furosemida (para la insuficiencia renal) y los demás medicamentos que Miguel necesitaba para sobrellevar sus enfermedades. “Me dijeron (policías de Santa Ana) que en una caja (ataúd) podría estar pero que si estaba vivo allí estarían vigilándolo”, detalló la fuente.
La acusación
De acuerdo con familiares, la acusación contra Miguel fue promovida por una persona con quien tuvo una relación marital.
Los problemas se agravaron cuando Miguel quiso iniciar un proceso de divorcio en el que, aparentemente, pedía que los bienes familiares fueran repartidos en partes iguales..
Después de eso fue que en el 2019 fue denunciado por violación y por intento de feminicidio. Sin embargo, familiares de Miguel así como personas allegadas al proceso judicial aseguran que el origen de todo ello era una especie de rencilla familiar.
La primera vez cuando fue denunciado, sólo estuvo detenido tres días. Le dieron medidas sustitutivas y algunas prohibiciones respecto de la denunciante.
Parientes cercanos de Miguel aseguran que la persona que lo había denunciado por los delitos por los que estaba siendo procesado, le pidió a Miguel que se reconciliaran, pero él se negó. Fue entonces que, según familiares, recibió una amenaza: que lo iba ver morir en la cárcel.
Y eso sucedió el pasado miércoles, dos días después de que Miguel fuera presentado a un juzgado especializado para una vida libre de violencia contra la mujer, donde se ventilaba el caso, y al que le pidieron consideraciones hacia el detenido debido a las condiciones de salud, según relataron familiares. Pese a que era evidente la gravedad de su estado de salud, fue enviado a prisión preventiva.
Lo grave… la muerte
Al día siguiente de la audiencia, de acuerdo con familiares, Miguel fue trasladado de las bartolinas del 911 de Santa Ana hacia la prisión conocida como Cárcel de Mujeres, en Ilopango, donde no lo quisieron recibir debido a que no llevaba los medicamentos que él necesitaba. Para entonces, la situación de salud de Miguel era muy grave.
Miguel fue devuelto a las bartolinas del 911 de Santa Ana, de donde el miércoles a media mañana fue llevado al hospital San Juan de Dios, pero, de acuerdo con fuentes al interior del mismo, ya no llevaba signos vitales.
De acuerdo con familiares de Miguel, en la policía les dijeron que había sufrido un problema por la diabetes (no saben si se le subió o bajó la glucosa) y cuándo los familiares les preguntaron si no le habían estado dando la medicina, les respondieron: “si él no tenía”.
Lo anterior es adversado por familiares que aseguran que le habían llevado insulina para que le aplicaran 30 ml por la mañana y 20 ml por la tarde, además de la furosemida, para tratarle la acumulación de líquidos debido a la insuficiencia renal.
Los parientes aseguran que le habían llevado furosemida hasta para el 7 de noviembre, cuando tenía su próxima cita médica. “Le daban esa medicina para un mes cabal, se las llevamos pero los policías nos dijeron que no tenía, eso no es cierto”, afirmó un familiar de Miguel.
Miguel fue enterrado el jueves en la tarde en Ahuachapán. Según documentos del Instituto de Medicina Legal, murió por un “infarto agudo del miocardio” pero la familia y conocidos de Miguel aseguran que murió por negligencia de no suministrarle los medicamentos que necesitaba.