Con el mensaje: “Presidente: te exigimos acción contra #MinaCerroBlanco”, un grupo de jóvenes del movimiento político ReVerdes realizaron, el pasado 10 de noviembre, la pega de afiches en un segmento del bulevar Los Próceres, en San Salvador, como protesta ante la falta de esfuerzos “contundentes” de parte del Gobierno de Nayib Bukele, en contra de los posibles daños que la mina Cerro Blanco, que funciona en Asunción Mita, Guatemala, pueda causar al lago de Güija y al río Lempa, de El Salvador.
“Estamos en una jornada de pega de afiches haciendo el llamado al presidente Nayib Bukele para que accione ante la mina Cerro Blanco, que si bien se encuentra en Guatemala, sus afectaciones se verán más en el territorio salvadoreño”, manifestó Dalia González, representante de ReVerdes.
De acuerdo al Movimiento ecologista, el proyecto minero, instalado a 14 kilómetros de la frontera con El Salvador, contaminará con aguas residuales, con cianuro y drenaje ácido, el río Ostúa, en Guatemala, que desemboca en el lago de Güija, en territorio salvadoreño, y luego dichos contaminantes llegarán hasta el río Lempa, del cual se abastece a casi un millón de habitantes del área metropolitana de San Salvador.
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Según investigaciones de universidades guatemaltecas, la mina Cerro Blanco obtuvo los permisos de funcionamiento en 2005 para la extracción de oro y plata de manera subterránea en la zona; pero en noviembre de 2021, la firma canadiense Bluestone Resource, propietaria de la mina, solicitó al gobierno de Guatemala el permiso para transformar ese método de extracción por el que se desarrolla a cielo abierto.
Para activistas medioambientales de ese país y de El Salvador, y comunidades de la localidad, esto representará un fuerte impacto en detrimento de las aguas, territorios y poblaciones aledañas en donde opera la mina.
Del lado salvadoreño, “municipios empobrecidos como Ilopango y Soyapango (serán afectados), esta gente es la que va a recibir en sus chorros agua contaminada con cianuro y drenaje ácido”, advierte González.
En una entrevista a un medio estadounidense, el Gerente de Medio Ambiente de la mina Cerro Blanco, Santiago Correa, defendió el uso de cianuro. “El cianuro de sodio se utiliza y se trata en la misma planta de procesamiento; no se hace, como algunos dicen, que se va en las arenas, que se va a infiltrar, no”, asegura el técnico.
En junio de este año, el vicepresidente Félix Ulloa se reunió con un equipo del Ministerio de Medio Ambiente, de Cancillería y del Plan Trifinio para recibir un informe sobre el posible impacto ambiental que la mina podría tener sobre el lago de Güija y el río Lempa. En dicha reunión se informó que “nuestro país ha solicitado de forma reiterada los estudios de impacto ambiental desarrollados en Guatemala, pero a la fecha no se ha tenido respuesta satisfactoria que ponga a disposición los referidos documentos”.
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En esa ocasión, la Vicepresidencia concluyó lo mismo que plantearon organizaciones ambientales: la creación urgente de una comisión binacional entre El Salvador y Guatemala para asegurar la entrega de la información solicitada, así como la visita de carácter científico para tomar muestras en los lugares afectados.
“Hasta el momento, el Gobierno ha tratado este tema de manera muy suave, limitándose a llamamientos al Gobierno de Guatemala, haciendo análisis de calidad de agua del río Lempa, cuestiones que no son contundentes. Necesitamos acciones contundentes porque la situación lo apremia”, señala González.
Con ese apremio en mente, los jóvenes colocaban los afiches en diferentes postes y pilares de pasarelas en el transitado bulevar de Los Próceres para generar “indignación” entre las personas que los lean y que el mensaje llegue hasta oídos del Presidente de la República.
“Esto comprende esfuerzos en el campo digital como en las calles, así como este. Vamos a seguir insistiendo a las instituciones, al Presidente. Estamos hablando de un tema urgente”, manifiesta la representante del movimiento social.