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Cristosal: Bukele le apuesta a la Megacárcel y no a la prevención del delito

Cristosal señaló que El Salvador vive una fuerte crisis económica y que ante este panorama no hay alternativas para impedir que las personas se involucren en grupos pandilleriles u otros.

Por Milton Rodríguez | Feb 02, 2023- 10:39

El presidente Nayib Bukele (centro) junto a varios de sus funcionarios, durante una visita al megapenal de Tecoluca. / Foto EDH Archivo

La organización Cristosal consideró “altamente preocupante” la forma en la que el gobierno de Nayib Bukele anunció la Megacárcel de Tecoluca, en San Vicente, pues la promueve como un “gran logro”, pero sin establecer ninguna política de seguridad que atienda la prevención del delito.

Foto distribuida por la Secretaría de Prensa de la República del presidente Nayib Bukele junto al director de Centros Penales, Osiris Luna, durante el recorrido en el megapenal. Foto / Presidencia


De hecho, el organismo defensor de derechos humanos señaló que el país vive una fuerte crisis económica que podría complicarse mucho más en los próximos meses y que ante este panorama no hay alternativas sociales y financieras para impedir que las personas se involucren en grupos pandilleriles u otros.

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Este martes, el presidente Bukele transmitió un video en cadena nacional en el cual se veía realizando un recorrido por la nueva penitenciaría junto a cuatro funcionarios de su gobierno. Según el Ejecutivo, este recinto de 33 manzanas será la cárcel “más grande Centroamérica” y servirá para mantener tras las rejas a 40,000 de los más de 62,000 detenidos bajo el Estado de excepción vigente desde marzo del 2022 y que el gobierno vincula con maras.


Se trata del denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y que según el oficialismo mejora la seguridad del penal de Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz” donde se albergaba a los cabecillas de las pandillas. Durante la presentación del Megapenal, el titular de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, (incluido en la lista Engel de EE.UU. tras ser señalado en actos de corrupción) dio detalles específicos sobre las medidas de seguridad del nuevo centro penitenciario.

“Populismo punitivo”


Al respecto, la jefa jurídica de Cristosal Zaira Navas, planteó en declaraciones a El Diario de Hoy que lo que se transmitió a través de ese video no es más que “populismo punitivo” que busca generar a la población una percepción altísima de seguridad.

Zaira Navas de Cristosal. Foto EDH / Cortesía.


Tras analizar el discurso de Bukele y sus funcionarios, Navas manifestó que la Megacárcel tiene condiciones bastante similares al penal que está en Zacatecoluca departamento de La Paz. “Cuando me refiero a condiciones similares estoy hablando que Zacatecoluca al igual que el Complejo Penitenciario de los Izalcos contaba ya con escáner con cámara de seguridad, con un diseño tipo panóptico que es diferente a este tipo de centros de máxima seguridad, con diferentes torres de control, etcétera”, mencionó.


Eso sí, la diferencia es que cuando se construyeron esas cárceles en gobiernos anteriores “no se publicitó la infraestructura de éstas y solo se mencionó el nivel de seguridad que iban a tener”, expuso.


Además, dijo que la seguridad de las cárceles no solo depende de la infraestructura y de las condiciones de seguridad que tengan, sino de los operadores del sistema penitenciario. “Ahí tendremos que identificar si los operadores van a acatar y a cumplir las medidas de seguridad”, indicó.


Es acorde al rating político

Navas, al igual que otros expertos, ven intereses políticos en esto. “No sorprende que el presidente esta promesa si la haya cumplido porque es acorde al rating político y al mensaje que ha estado lanzando sobre la mano dura que tiene o anuncia en materia de seguridad”, opinó.


Sin embargo, la jefa jurídica de Cristosal no dejó de señalar las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas bajo el Estado de excepción. Ella recordó el informe que presentó la semana pasada la organización internacional Human Rigth Watch (HRW) en el cual se confirmó que la mayoría de personas detenidas no son miembros activos de pandillas, no son ranfleros y que no son de un nivel de toma de decisión dentro de las estructuras criminales.

También: ANEP espera que nivel de seguridad se vuelva permanente sin necesidad de un régimen de excepción


“La información nos confirma que la mayoría de personas detenidas lo están por colaboración con pandillas y que en su mayoría el delito que se les atribuye es agrupaciones ilícitas, en mucha menor medida el delito atribuido es agrupaciones terroristas (delito que se le atribuye a los supuestos cabecillas)”, especificó.


¿A quién van a poner en esta Megacárcel?

En otras palabras ¿a quién van a poner en esta cárcel de máxima seguridad? se preguntó y recordó que en este momento “no ha habido juicio para las personas determinadas”.


Esto por la reforma a la legislación penal de octubre pasado con la que se prorrogó primero por seis meses y ahora hasta diciembre de este año la vista pública de todas las personas que son las que se encuentran detenidas por el régimen de excepción. “Ninguna persona ha pasado a la fase de instrucción que es donde se ventila la prueba que existe para determinar si la persona ha cometido o no un delito”, recalcó la especialista.


Ante esta realidad, Navas subrayó que no se puede afirmar que las personas que son detenidas bajo tal medida sean realmente pandilleros. “La información que nosotros tenemos es que hay en su mayoría personas detenidas que no son pandilleros y que hay detenciones arbitrarias e ilegales. Mucha gente que no ha participado en estas estructuras ha sido afectada sólo por el hecho de vivir en comunidades pobres, por cumplir la cuota de capturas que tiene la Policía y la Fuerza Armada”, criticó.


La especialista hizo énfasis en que es “altamente preocupante que se anuncie de esta manera la construcción de una Megacárcel, pero a la par de esto no haya una política de seguridad que atienda la prevención del delito”.
En relación a esto, Navas se preguntó qué otras acciones está realizando el gobierno para minimizar el impacto que tiene en la población salvadoreña “la captura de cientos de personas inocentes”.


Finalmente, Cristosal hizo referencia a la crisis económica que atraviesa El Salvador y que “este gobierno no tiene programas sociales que minimicen cualquier tipo de impacto que tenga por estas medidas represivas o que minimice las posibilidades de que la población se vea cooptada por este tipo de estructuras delincuenciales”.


Organismos internacionales como Human Rights Watch han señalado que este tipo de obras violan las reglas (Nelson) Mandela de las Naciones Unidas, que establecen que una cárcel no debe tener espacio para más de 500 reclusos.

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