La Unidad Magisterial de El Salvador, que aglutina a distintos sindicatos de maestros, convocó este viernes a una protesta para el próximo 26 de enero de 2024, por la falta de revisión y aumento del salario de los docentes del sector público.
“Manifestamos que estamos totalmente molestos los docentes, porque se nos ha violado ese derecho a un aumento salarial, que lo establece nuestra ley de la carrera docente, que es una ley especial”, dijo a periodistas Daniel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de Educación Pública de El Salvador (Simeduco).
Indicó que la protesta se iniciará en el Centro Histórico de San Salvador y se dirigirá a la sede del Ministerio de Educación, en el centro de gobierno, “para exigir que se cumpla y se respete” el plazo de tres años máximo para realizar revisiones al salario de los profesores de la red pública nacional.
Francisco Zelada, también de Simeduco, apuntó que en anteriores administraciones habían logrado incrementos al salario de los docentes de entre el 10 % y 20 %.
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Agregó que espera que en los próximos días una convocatoria del ministro de Educación, José Pineda, “porque de no hacerlo, los maestros se están organizando para salir a las calles” en la fecha indicada.
Por otra parte, Rodríguez señaló que tienen pruebas de “manipulaciones a las contrataciones de docentes interinos” en los que no se habría seguido el proceso legal establecido.
1,000 escuelas al día
fue la promesa hecha por el Gobierno bajo el programa Mi Nueva Escuela, pero en octubre el presidente Bukele admitió que Educació n no la cumplió.
“En su mayoría los que contrata son activistas políticos del partido en el Gobierno”, agregó y señaló que estos habrían obtenido además plazas permanentes dentro del sistema educativo nacional.
También indicó que los presupuestos escolares en 2023 fueron, a su juicio, insuficientes y llegaron a “cuenta gotas”.
El Diario de Hoy conversó con al menos cinco personas a cargo de la dirección de centros educativos en el último cuatrimestre de 2023, en zonas como Ahuachapán, Santa Ana, Morazán, Sonsonate y San Salvador, y en todos los casos hubo quejas de que los fondos de presupuestos escolares no habían sido entregados de forma completa de parte del Gobierno central, lo cual llevó a que los cuerpos docentes o las mismas comunidades de padres y madres de familia tuvieran que realizar actividades extra, para obtener fondos y cubrir las necesidades básicas en las escuelas.