La exdiputada y política Lorena Peña, explicó a El Diario de Hoy que el proceso que inició recientemente en su contra por, supuestamente, haberse enriquecido de manera ilícita mientras era funcionaria pública, no tiene un sustento legal debido a que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) forman parte de una "demanda improponible".
El proceso civil en el que Peña es acusada de haber aumentado su patrimonio por un monto de hasta $277,482.54 comenzó el pasado 22 de agosto en la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, una estancia judicial de la que la expresidenta de la Asamblea Legislativa espera un proceso apegado al debido proceso.
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En este sentido, Peña señala que esos más de $270,000 que se le atribuyen como enriquecimiento ilícito "no existen", y añade: "Yo no me he enriquecido de manera ilícita, ni de manera lícita. Hoy publiqué mis declaraciones de probidad comparadas y puede verse que no hubo tal incremento, sino al contrario, pues hubo un poco de decremento porque yo en los últimos años tuve que endeudarme para pagar los tratamientos de mi madre, que en paz descanse".
Debido a lo anterior, la exparlamentaria sostiene que las supuestas irregularidades que según la FGR fueron encontradas en su declaración patrimonial ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no están vinculadas "ni a fondos recibidos de empresas raras, ni a dinero recibido de oenegés, ni a fondos públicos debido a que nunca administré ni ejecuté fondos, ni siquiera cuando fui presidenta de la Asamblea Legislativa".
De hecho, Peña agrega que tiene documentos que comprueban los orígenes de su patrimonio, por lo que considera que la demanda de la Fiscalía no debería proceder por la inexistencia de pruebas fehacientes, y señala que la misma FGR está tratando de invalidar las pruebas que ella misma y su defensa están presentando ante la Cámara Primero de lo Civil.
Asimismo, considera que los señalamientos en contra de su hija, quien también es acusada de los mismos delitos, es un ataque, pues los ingresos de ella son comprobables y, de hecho, la empresa con la que ha trabajado, y que tiene su sede en EE.UU., ya facilitó algunos documentos que demuestran el origen de sus ingresos.
Aún así, la expresidenta de la Asamblea Legislativa apunta que espera "que la cámara admita todas las pruebas porque son fundamentales para la defensa", algo que de no ocurrir "me dejaría en la indefensión", explica Peña, quien añade que en un Estado de Derecho, toda persona tiene derecho a defenderse en un proceso judicial.
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Con respecto a lo anterior, y ante la evidente ausencia en la separación de poderes en el Estado, lo que incluye arrestos arbitrarios contra políticos y exfuncionarios de gobiernos anteriores, sin un debido proceso, Peña considera la situación como "un ataque político de parte de la Fiscalía", la cual es dirigida por Rodolfo Delgado, fiscal general impuesto por los diputados oficialistas en mayo de 2021.
"Yo me siento víctima, hay que decirlo, y lo que me pasa a mí le está pasando a mucha gente que es víctima de la falta de independencia judicial, de la persecución política, y de falta de un debido proceso en el país", concluye.