Al menos diez periodistas han tenido que salir de El Salvador tras el acoso constante de funcionarios públicos o ante amenazas de una persecución penal.
Así lo consigna el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el clima del ejercicio periodístico en El Salvador, presentado en la Asamblea General de esta institución, celebrada entre el 27 y el 30 de octubre en Madrid, España.
La SIP da cuenta de cómo “al menos 10 periodistas se fueron al exilio (…) tras ser señalados por personeros gubernamentales o recibir amenazas anónimas en redes sociales”.
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Este alarmante número es el más reciente indicador del acelerado declive de la libertad de prensa en El Salvador, mas no el único. Además de los exilios, los periodistas salvadoreños y los medios independientes siguen enfrentando un clima hostil y un bloqueo de información a la hora de hacer su trabajo.
Múltiples amenazas
El informe de la SIP, elaborado por la vicepresidencia de esta institución para El Salvador, expresa categóricamente que “bajo el gobierno de Nayib Bukele, las libertades de expresión y de prensa languidecen entre censuras y miedo en el país”.
Además, señala que “la animosidad contra los medios independientes es alentada por funcionarios del Poder Ejecutivo o diputados del oficialismo en la Asamblea Legislativa”.
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Una de las más duras amenazas que enfrentan los medios independientes y los periodistas salvadoreños fue establecida a inicios del mes de abril, cuando los diputados de la alianza oficialista aprobaron una reforma al Código Penal que establece penas de prisión por reportar información producida por pandillas o que pueda generar “pánico o zozobra”.
Esto fue inmediatamente calificado como un intento de “mordaza” por la Asociación Salvadoreña de Periodistas (APES), y por otras entidades, incluyendo la SIP.
En su reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa da cuenta de cómo esta mordaza se ha sumado a un entramado de normativas surgidas del régimen de excepción que amenazan el debido proceso en el país.
“El gobierno decretó en marzo un régimen de excepción o estado de sitio con el objetivo de apresar a los miembros de las pandillas. El mecanismo puso en suspenso garantías ciudadanas, como la de ser procesado con el debido proceso y los límites en el número de días de detención sin acusación formal”, narra en su informe la SIP.
En el reporte, se da cuenta de cómo este régimen “también incluye amenazas directas a la libertad de prensa, porque permite procesar a comunicadores en caso de que la autoridad considere que hay ‘informaciones que son favorables o apologistas a grupos criminales’".
El efecto de estas reformas, según la SIP es claro: “una amplia autocensura”. Abogados y defensores de derechos humanos han atribuido la autocensura a que la reforma es poco clara y sujeta a interpretaciones arbitrarias de un aparato judicial cooptado. Consciente de esto, la SIP lamenta que “se puede calificar como apología cualquier contenido relativo al trato o maltrato de reos”.
El informe también da cuenta de cómo una fotoperiodista de El Diario de Hoy sufrió un acto intimidatorio por parte de agentes policiales el pasado 20 de agosto, cuando fue retenida por tomar fotografías frente al antiguo edificio del Banco Central de Reserva.
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Según narra la SIP, la fotoperiodista realizaba fotografías en “un área sin avisos que indiquen que no se puede tomar fotos o filmar”, pero “agentes la acosaron y amenazaron con confiscar su teléfono celular, cámara fotográfica y borrar el material periodístico”.
“Temor de hablar”
El más reciente informe de El Salvador expone no solo las amenazas institucionales sobre el ejercicio periodístico, sino también la instauración de un clima de temor por parte de las fuentes y de autocensura por parte de medios y periodistas.
La SIP refleja el testimonio de la corresponsal francesa para Centroamérica de France24, Laurence Cuvillier, quien fue citada por La Prensa Gráfica cuando dijo que en su paso por El Salvador vio “temor de hablar y, aunque sabía que me iba a topar con esta situación, no imaginé que fuera en estas dimensiones. Esto solo lo había visto en Nicaragua”.
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Este clima de temor ha afectado a diferentes tipos de medios que, según el informe, “variaron sus contenidos para difundir solo nota roja, social o internacional y no informaciones que cuestionen al gobierno”. Además, se señala que “periodistas independientes se retiraron o fueron separados de noticiarios y programas de opinión porque eran incómodos al oficialismo”.
Y para aquellos que siguen haciendo su trabajo con alguna regularidad, se mantiene el sistemático bloqueo de información oficial y el silencio de fuentes gubernamentales. Para los periodistas salvadoreños es cada vez más complicado encontrar datos oficiales producidos por el sector público o poder encontrar descargos de los funcionarios.
“Los datos relativos al uso de fondos públicos y cualquier compra o inversión hecha por el gobierno desde 2020 está siendo sistemáticamente ocultada por un periodo de siete años a partir del hecho. Ello impide cualquier develación de hechos y malversación de fondos que pudieran ser revelados de cara a las próximas elecciones presidenciales y legislativas”.
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)