Mientras varias familias buscan incansablemente a sus parientes desaparecidos por años, meses o semanas, el Gobierno salvadoreño ha decidido mantener en ‘stand by’ las tareas para encontrarlos. “Llegará el momento donde vamos a abrir toda esa búsqueda a nivel nacional para poder darle mucha paz (a las familias), pero hoy por hoy tenemos el objetivo de erradicar a todos los miembros (de pandillas) en suelo patrio dentro de esta guerra”, enfatizó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una entrevista televisiva, el pasado 27 de marzo.
De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en un año y quince días de implementación del régimen de excepción se ha logrado capturar a más de 67 mil personas entre pandilleros y vinculadas a estas, además de bajar los niveles de inseguridad en el país; una medida aprobada por la mayoría de la población, según diferentes encuestas. Villatoro afirmó también que para retirar de las calles a todos los pandilleros aún falta por aprehender a un “35 %”, de acuerdo a los registros de la misma institución. En tanto, las familias de personas desaparecidas deberán esperar a que la Policía Nacional Civil (PNC) capture a ese 35 % para que reanude las tareas de investigación y búsqueda de desaparecidos, y no simultáneamente.
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Las palabras del funcionario confirman lo denunciado por los familiares de las víctimas, quienes aseguran que cuando han ido a la Policía a solicitar información sobre novedades en la investigación por su pariente desaparecido, la respuesta que reciben de los oficiales es que “no hay investigaciones debido a que la prioridad es el régimen (de excepción)”.
Ante la “pasividad” de las autoridades, como muchos familiares han calificado el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía, ellos han acudido a grupos activistas como el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador para tratar, con su ayuda y por medios propios, de localizar a sus parientes. “Nosotros no solo necesitamos ser escuchados por las autoridades, sino también necesitamos acción, que nuestros casos sean resueltos”, manifiesta la madre de Josué Eliazar Miranda Elizondo, quien lleva desaparecido casi 12 años.
“Es una total pasividad. Lo que queremos como madres es que tengan más empatía y que nos den respuesta”, lamentó la madre de Carlos Ernesto Santos Abarca, quien está desaparecido desde el 1 de enero de 2022.
“Lo vamos a realizar, pero ahorita tenemos esta misión importante de capturar a estos asesinos seriales (pandilleros) que todavía andan en el país”, continuó el ministro Villatoro ante una pregunta de un televidente durante la misma entrevista.
“Yo siempre he dicho que una vida salvadoreña es demasiado”, decía el presidente Nayib Bukele en octubre de 2020 al referirse a la reducción del 46 % de los casos de desaparecidos en sus primeros 16 meses de mandato. “En cada cifra hay un ser humano detrás y en cada cifra hay una familia doliente detrás”, mencionó también en marzo de 2021.
Dos años después, el Ejecutivo ha optado por hacer esperar aún más a las familias dolientes que piden al Gobierno y a la Fiscalía acciones diligentes para encontrar a sus parientes desaparecidos desde hace meses o años.
Menos casos, pero con antiguos sin resolver
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2021, el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Elmer Castro, afirmó que “existe un protocolo de acción oportuna, que data de 2018, que indica que todas las instituciones involucradas para estos casos realicen acciones inmediatas y coordinadas que permitan ubicar a las personas desaparecidas”.
Sin embargo, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, creado en febrero de 2022, afirma que por su parte contabiliza al menos 43 casos de personas desaparecidas entre 2007 y 2022 que continúan sin resolverse. En nombre de ellos, a finales de 2022, el Bloque entregó a la FGR el álbum “No son cifras, son personas” con los 43 retratos para “hacer conciencia” del apremio ante los casos de desapariciones.
Según un informe publicado en noviembre de 2022 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), con datos de la PNC, al hacer un recuento durante los dos gobiernos anteriores y el actual, se determina que en la administración de Mauricio Funes hubo 4,786 desapariciones; en la de Salvador Sánchez Cerén, aumentaron a 10,112 casos; y hasta 2021 del gobierno de Nayib Bukele, se registraron 6,240; lo que equivale una reducción al 39% respecto al período de Sánchez Cerén.
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Si bien se registra una disminución de casos durante el actual gobierno en comparación al anterior, el Observatorio plantea que entre enero y junio de 2022 hubo 692 casos de desapariciones; de estos, 512 fueron finalizados y 180 seguían activos. A estos se les suman los casos sin resolver de los años anteriores.
Según publicaciones de la cuenta @DesaparecidosSV en Twitter, unas 20 personas han sido reportadas como desaparecidas desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha. Uno de los últimos casos es el de José Vladimir Divas Hernández, de 26 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el 15 marzo de este año. Su cuerpo fue encontrado el domingo 9 de abril. Su familia agradeció en redes sociales a parientes, amigos, a la Policía y a la Fiscalía por “el apoyo brindado”.
“Espero poder encontrar por lo menos sus restos, para darle la sepultura digna que mi hijo merece”, “que a nuestros hijos los hallemos y les demos santa sepultura”, “yo le pido a Dios que lo pueda encontrar, aunque sea los restos, para darle una bendita sepultura”, son algunas de las frases llenas de resignación de otros padres y de otras madres que buscan a sus hijos desaparecidos, al ver que pasan los meses y los años sin tener respuesta de las autoridades sobre algún avance en sus respectivos casos.
Otros parientes tratan de no perder la fe de poder encontrar con vida su ser querido: “Tengo la esperanza de que algún día lo voy a encontrar, no importa cómo”, “le pido a Dios que me dé la oportunidad de tenerlo en mis brazos nuevamente”, “mientras Dios me tenga con vida, lo voy a buscar”.
La hipótesis de que están con vida
“Una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha constatado que la Fiscalía se demora al recibir la denuncia y persiste la idea que deben transcurrir 72 horas para iniciar con la investigación. Esto es contrario a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios de las Naciones Unidas, ya que es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades para dar con el paradero de las víctimas bajo la hipótesis de que pueden encontrarse aún con vida”, señaló en una audiencia ante la CIDH la representante de la Fundación para el Debido Proceso, Sonia Rubio, en octubre de 2021, cinco meses antes que el Gobierno decidiera implementar el régimen de excepción para combatir a las pandillas en el país y que por ello postergara la búsqueda de desaparecidos en el país.
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En representación de la FGR, Alvin Serrano respondió en la misma audiencia que “las reformas al Código Penal acerca del delito de desaparición de personas o contra la libre movilidad confirman que las instituciones del Estado no han sido pasivas ante estos hechos, sino que han implementado estrategias para un mejor abordaje de los casos”.
Sin embargo, las familias de desaparecidos continúan lamentando que a pesar de esas estrategias aún no se haya dado el hallazgo de su ser querido tras un largo tiempo de haber sido reportado.
En marzo pasado, madres de jóvenes desaparecidos acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que ésta pudiera mediar ante la FGR por la celeridad en la resolución de al menos 12 casos ocurridos entre 2017 y 2022.
“Sabemos que hay familias que andan buscando a sus seres queridos. Entendemos el sentimiento muy propio del humano”, dijo también Villatoro en aquella entrevista. “Necesitamos respuestas, que se cumplan nuestros derechos”, reclama Eneyda Abarca quien ha estado buscando a su hijo desde hace más de un año en diferentes puntos del país.