Independientemente de que si el decreto de emergencia aprobado el fin de semana por la Asamblea lo diga o no, el gobierno está obligado por ley a rendir cuentas de los gastos realizados para enfrentar la emergencia en el temporal desatado por la tormenta Julia, afirmó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.
“Aun cuando no exista una disposición legal en el decreto de emergencia, el gobierno sí está obligado a cumplir todas las normas de transparencia que tengan que ver con adquisición de bienes y servicios durante la emergencia, en este caso por las lluvias”, afirmó.
Según el diputado, el gobierno cuenta actualmente con aproximadamente $600 millones para atender las necesidades que surjan de las torrenciales lluvias que azotan a El Salvador desde la madrugada de este lunes 10 de octubre de 2022.
“En la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) que no está derogada, establece que aún en las compras de emergencia, el gobierno debe rendir cuenta de las compras, lo único de lo que está exento es de sacar a licitación y pasar por todo el proceso de adquisición de bienes, pero en cuanto a la transparencia y el uso del dinero sigue vigente la LACAP”, advirtió Portillo Cuadra.
Su aseveración brindada a El Diario de Hoy viene tras la negativa de los diputados de la bancada oficialista de incluir una cláusula que especifique la obligatoriedad del gobierno de rendir cuentas en el decreto legislativo de la declaratoria de emergencia nacional por el Huracán Julia.
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La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, la propuso en el pleno el sábado 8 de octubre en la plenaria extraordinaria para aprobar la emergencia nacional, pero su petición, al igual que muchas que hace la oposición política, fue rechazada o ignorada.
La parlamentaria planteó que se agregara un artículo en el que se obligue a las instituciones involucradas en ejecutar acciones para frenar los estragos de la tormenta o para atender a la población, publicar de forma oficiosa (sin solicitud previa) informes del gasto hecho con los fondos de emergencia para mitigar la crisis ambiental.
“Cada una de las instituciones del rango ejecutivo que ejecuten fondos en el marco de la declaratoria de Emergencia Nacional por el huracán Julia, incluyendo el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), deberán publicar de forma oficiosa en sus portales electrónicos oficiales en el plazo de 30 días a la entrada en vigor de este decreto, el listado completo con los montos, tipo de compra, y persona natural o jurídica a quien se le asignen los contratos realizados durante esta emergencia”, fue la iniciativa de Ortiz.
Según Portillo Cuadra, son alrededor de $600 millones los que tiene a su disposición el gobierno con la declaratoria de la emergencia nacional, de los cuales, $400 millones que son del FOPROMID, dinero proveniente de un préstamo de contingencia que el Estado cuenta para emergencias por fenómenos naturales, administrados por el Ministerio de Gobernación, más un remanente de $200 millones que quedaron desde la emergencia sanitaria por COVID-19.
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La diputada del FMLN, Anabel Belloso, manifestó que el gobierno no necesita de que en el decreto se establezca la obligatoriedad que por ley tiene, que son: “garantizar el derecho a la información que tiene la gente, rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos, sin importar que sean usados en una emergencia”.
Sin embargo, recuerda que en el decreto de emergencia por la crisis sanitaria en 2020, aunque se dejó en el decreto que el gobierno debía rendir informes quincenales a la Asamblea, las instituciones que usaron los recursos no lo hicieron, por lo que considera atinente que tendría que haberse dejado la obligación por escrito.
“En el decreto 593 que dictó la emergencia el 14 de marzo de 2020 se le incorporó la rendición de informe quincenal, que tampoco cumplieron. Debe seguirse insistiendo en que se rinda cuenta, es difícil por el control institucional que tiene el gobierno que, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública resuelva para mandatarle que informe, pero no podemos darnos por rendidos”, exhortó Belloso.
Al respecto, Portillo Cuadra manifiesta que es la Corte de Cuentas de la República la llamada a hacer las auditorías pertinentes al uso de los recursos, porque eso les mandata la ley, además de que existe y está vigente la Ley de Administración Financiera del Estado que establece normas relativas a la transparencia en el uso del dinero público.
“El hecho que haya una emergencia y que haya un fondo emergente, no significa que tienen un cheque en blanco para gastarlo en lo que quieran, como quieran, sino que tiene que haber una liquidación de gastos conforme a la ley”, afirmó el diputado tricolor.