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No se puede considerar delincuentes a las víctimas de extorsiones: Cámara de Comercio

Camarasal ha expresado su rotundo rechazo ante la pretensión del gobierno Bukele que busca encarcelar a quienes paguen los chantajes

Por Abigaíl Parada | Dic 16, 2022- 22:05

El rubro del transporte público ha sido uno de los más impactados por las extorsiones de grupos criminales. / Foto EDH - Archivo

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) expresó su rechazo a la pretensión del gobierno de Bukele de sancionar con penas de entre cinco y ocho años de cárcel a quienes se vean obligados a pagar la extorsión o “renta”.

“La justicia debe buscar la restauración de los derechos de las víctimas de cualquier delito y no puede convertirlas en delincuentes”, declaró la Camarasal a El Diario de Hoy.

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La reforma establece el delito de “financiamiento ilegal de organizaciones criminales” a través de la extorsión para “grandes y medianos contribuyentes” que se vean obligados a pagar los chantajes.

“Se incorpora el delito de financiamiento ilegal de organizaciones criminales, donde se prohíbe y se sanciona penalmente de 5 a 8 años a aquellas empresas, directivos, representantes legales, catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador, a pagar extorsión a ninguna estructura criminal”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en rueda de prensa el pasado miércoles.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad (Izq.), junto al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. / Foto EDH Archivo

“A raíz de las declaraciones de los funcionarios, nos preocupa que se esté sugiriendo que las víctimas de extorsión podrían ser catalogadas como cómplices de estructuras criminales”, manifestó la Cámara de Comercio.

Sin embargo, la gremial manifestó que aún no ha tenido acceso a la propuesta de reforma de ley, por lo que aún no tienen un análisis más amplio de la misma. “Estamos a la espera de conocer el proyecto para poder dar una postura más concreta”, se indicó.

La Cámara de Comercio, además, dijo que espera que en esta reforma se involucre y tome en cuenta a todos los afectados, así como al sector empresarial.

Sólo en el rubro del transporte público de El Salvador, dirigentes del gremio dijeron en 2021 que pagaron unos 12 millones de dólares a las pandillas, que amenazaban de muerte a sus empleados y exigían dinero para permitirles operar en las zonas bajo su control.

Según expusieron entonces, el promedio diario que paga cada autobús es de 4 a 5 dólares.

Un testigo protegido de la Fiscalía dijo en 2019 que la Mara Salvatrucha (MS13) recolecta más de 2.7 millones de dólares mensuales en extorsiones.

Cuestionamientos de ASI y ANEP

La postura de la Cámara de Comercio se suma a la de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), cuyo presidente, Eduardo Cáder, cuestionó a través de su cuenta de Twitter: “¿Quién en su sano juicio pensará que pagar una extorsión es para financiar maras? La pagan por cuidar su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores”.

Y agregó “que bueno que el gobierno esté haciendo su mayor esfuerzo por bajar al máximo la delincuencia y terrorismo. Ojalá se reforzara el sistema de denuncia de extorsionistas y no llegar a encarcelar también a las víctimas de este flagelo”, escribió el dirigente de la ASI.

Por su parte, representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) también han recalcado que “las empresas de todo tamaño y los ciudadanos son víctimas en el delito de extorsión” y, por tanto, “es obligación del Estado tratar a quienes sean extorsionados como lo que son: víctimas”.

La inseguridad en el país también ha empañado a este sector, solo en 2021 los empresarios del transporte denunciaron que se vieron obligados a pagar 12 millones de dólares a las pandillas bajo amenazas para que no se cometieran ataques contra ellos, su personal y sus familias.

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