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Expertos en derecho consideran que la Asamblea oficialista ha facilitado corrupción

Junto a analistas, abogados y expertos en transparencia, El Diario de Hoy analiza el desempeño de la legislatura 2021-2024, la cual terminó este 1 de noviembre su primera mitad en el cargo.

Por Milton Rodríguez / Ricardo Avelar politica@eldiariodehoy.com | Nov 01, 2022- 22:00

Bancada de Nuevas Ideas. Foto EDH/ Francisco Rubio

Este martes 1 de noviembre se cumplieron dieciocho meses desde que la nueva conformación de la Asamblea Legislativa tomó posesión, aquel tristemente célebre sábado 1 de mayo de 2021.

Ese día, los diputados de amplia mayoría oficialista estrenaron sus nuevos cargos con un golpe al Estado de derecho y el orden constitucional. Al remover de forma ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, le garantizaron al presidente de la República gobernar sin límites.

Desde ese momento, han seguido desbaratando el aparato de control del ejercicio del poder y han sido actores clave en el derrumbe del sistema de transparencia y acceso a la información del país.

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Por tanto, y según expertos consultados por El Diario de Hoy, la legislatura 2021-2024 llega a la primera mitad de su gestión con la deuda de controlar el ejercicio del poder y el oscuro legado de haber “facilitado la corrupción” y los abusos de poder.

Por ejemplo, Wilson Sandoval, abogado y experto en transparencia, apunta que la nueva Asamblea dominada en dos tercios por Nuevas Ideas ha decidido “aplazar la Ley de Acceso a la Información Pública y la transparencia”.

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Además, lamenta que los diputados han avalado el ascenso de funcionarios que han sido señalados por mal uso de recursos y de sus facultades, como la procuradora de los derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, recién nombrada pese a haber sido sancionada por nepotismo y por aprovechar bienes del Estado para beneficio personal.

“En resumen, una Asamblea Legislativa que poco o nada novedoso ofrece a las anteriores de cara a cambiar esquemas de corrupción”, lamenta Sandoval.

No cumplen ninguna de las tres funciones

La directora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, explicó a El Diario de Hoy que la Asamblea Legislativa tiene tres funciones primordiales y a partir de estas, se puede hacer una evaluación del trabajo que desempeñan los parlamentarios. Las funciones, a decir de López, son la discusión y aprobación de leyes según lo establecido por la Constitución,  la elección de funcionarios de segundo grado y el control del órgano Ejecutivo.

Este último punto es fundamental, pues es la Asamblea quien debe mantener a raya a la Presidencia y a los ministerios y puede hacerlo por medio de la interpelación, las comisiones especiales y el control del Presupuesto General de la Nación.

Según lo visto en los últimos 18 meses de mayoría cyan, ninguna de las tres funciones principales está siendo cumplida en estos momentos según lo ordenado por la Constitución.

En cuanto al proceso de formación de leyes, la Constitución ordena un proceso deliberativo y con amplia publicidad de los temas en cuestión. Pero la mayoría cyan, más que deliberar las propuestas, simplemente tramita de forma exprés lo enviado por la Presidencia de la República. “Se aprueba sin debate y sin fundamento lo que manda el Ejecutivo”, lamenta.

En cuanto a las elecciones de segundo grado, López señala que en lugar de elegir funcionarios independientes que garanticen que no habrá abusos de poder, los diputados solo “aprietan el botón” por aquellos que ya vienen “ungidos” por la Presidencia.

La labor de fiscalizar y controlar al Ejecutivo también está ausente. Los diputados han utilizado la facultad de crear comisiones para ventilar casos exclusivamente del pasado y han pasado por alto decenas de señalamientos de posible mal uso de recursos en la administración actual. “Se le facilita la corrupción” al Ejecutivo, destaca.

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Incumplimiento de la Constitución

Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, la legislatura 2021-2024 está marcada por grandes retrocesos en materia de transparencia.

Anteriormente, él y otros analistas han destacado intentos de guardar información pública o de evitar que quienes pudieron haber cometido abusos enfrenten algún tipo de consecuencia, por medio de legislación como la conocida “Ley Alabí”, que en mayo de 2021 —a solo cuatro días de haber entrado la Asamblea— blindó las compras realizadas durante la primera fase de la pandemia de covid-19.

Además, Escobar considera que la Asamblea ha incumplido la Constitución, como en el caso de los nombramientos de funcionarios de forma ilegal y a la fuerza. Finalmente, cree que ha habido afectaciones a la seguridad jurídica de la población con las diferentes medidas aprobadas.

Dieciocho meses después

Un año y medio después de tomar el primer juramento, los nuevos legisladores oficialistas han demostrado prácticas que asemejan mucho lo que en su momento hacían los políticos de partidos tradicionales, aquellos a quienes han jurado derrotar y nunca emular.

En un año y medio, lejos de procurar a los mejores profesionales en cargos clave, la alianza oficialista ha buscando funcionarios cómodos y sin ninguna independencia.

También han apresurado discusiones importantes en leyes de gran impacto para el país, sin considerar las consecuencias de estas, como la Ley Bitcoin.

Finalmente, algo que podría resultar una sutileza, pero es fundamental en el declive democrático de El Salvador: lejos de promover un parlamentarismo inclusivo y participativo, donde opositores, críticos y ciudadanos puedan incidir en las grandes decisiones de país, Nuevas Ideas y sus satélites avanzan como aplanadora. No consideran opiniones externas y más bien dedican tiempo en sus discursos para humillar y acosar a quienes les critican. Las nuevas ideas de esta nueva legislatura lucen muy parecidas al pasado agresivo y antidemocrático del país. Ese que a punta de golpes a la Constitución y golpes a la transparencia están volviendo a construir.

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