Sonia Rubio, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señaló que el Estado no ha iniciado una investigación de oficio sobre la muerte de más de 50 personas en centros penales tras ser capturadas durante el régimen de excepción que el Gobierno de Nayib Bukele ejecuta desde finales de marzo con la justificación de "combatir la delincuencia".
La experta considera que los salvadoreños viven la "más grave" crisis de derechos humanos que se ha tenido en el país desde que finalizó el conflicto armado. "Desde la sociedad civil que hemos estado documentando, monitoreando y dando seguimiento; y podemos ver que en la actualidad quizás estamos en la más grave crisis de derechos humanos que ha vivo el país desde los Acuerdos de Paz", opinó en declaraciones a radio YSUCA.
"Estamos ante posibles desapariciones forzadas por esas detenciones. Al no saber donde esta recluido o el lugar donde está la persona detenida, ya lo ha dicho la comunidad internacional que podría estarse configurando una desaparición forzada", indicó.
Además, recordó que han muerto alrededor de 60 personas bajo la custodia del Estado "sin que comience una investigación de oficio" y "esto no solamente serviría para deducir responsabilidades sino para evitar que estas prácticas sigan sucediendo", manifestó.
Por otra parte destacó las detenciones arbitrarias ejecutadas bajo esta medida excepcional. Cristosal registra 2,426 denuncias de este tipo.
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"Esto es insólito y esperamos que el Estado atienda sus compromisos, recapacite su política de seguridad y que por fin comience a tener una política de seguridad ciudadana apegada a derechos humanos y que atienda de forma integral el problema", concluyó.