¿Protección ambiental o crecimiento urbano? Estás son las reformas y proyectos en El Salvador

Las olas de calor, lluvias intensas y cambios climáticos registrados en El Salvador durante los últimos años han colocado nuevamente en discusión la necesidad de fortalecer la protección ambiental y la conservación de ecosistemas estratégicos, mientras el país continúa aprobando reformas relacionadas con infraestructura, energía y desarrollo urbano.

En este contexto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó el 31 de octubre de 2025 ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que proyecta ejecutar un presupuesto de $16 millones durante 2026 para programas relacionados con conservación ambiental, manejo de ecosistemas y protección de recursos naturales.

La información fue presentada por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, durante el análisis del anteproyecto de Ley del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El presupuesto forma parte de la Ley General del Presupuesto aprobada por la Asamblea Legislativa el 18 de diciembre de 2025 con 57 votos, normativa que incluyó fondos destinados a instituciones vinculadas con protección ambiental, infraestructura, salud y desarrollo territorial.

Según explicó López a los diputados, los recursos permitirán continuar programas enfocados en conservación de vida silvestre, protección de humedales, manejo de recursos naturales y fortalecimiento de estrategias ambientales impulsadas por la institución.

“Vamos a trabajar con un presupuesto similar al de este año, porque la idea es aprovechar los fondos que tenemos”, afirmó el funcionario durante la sesión legislativa.

El ministro también señaló: “Estamos acá para conservar, proteger, para regenerar los ecosistemas y para regular todas las actividades que se dan en el curso del desarrollo del país”.

Protección de ecosistemas y recursos naturales

Parte de los recursos proyectados por el MARN serán destinados a programas relacionados con gestión integral de residuos sólidos, calidad del aire, conservación forestal y protección de especies silvestres.

Entre las iniciativas anunciadas para 2026 se encuentran proyectos de manejo integral en humedales como la Laguna de Olomega y el Área Natural Protegida El Jocotal, ubicadas en la zona oriental del país y consideradas importantes para biodiversidad y recursos hídricos.

La institución también prevé continuar con el Programa Nacional para la Conservación de la Lora Nuca Amarilla y mantener activa la iniciativa “Una Salud”, desarrollada junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, enfocada en acciones vinculadas a salud humana, animal y ambiental.

Las medidas ambientales continúan respaldadas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobada el 13 de enero de 2005 mediante el Decreto Legislativo No. 579, normativa que regula la conservación, administración y manejo de ecosistemas protegidos en El Salvador.

Además, la Ley del Medio Ambiente, aprobada el 2 de marzo de 1998 mediante Decreto Legislativo No. 233, mantiene vigentes las regulaciones relacionadas con estudios de impacto ambiental, permisos ecológicos y control de actividades que puedan generar afectaciones ambientales.

Reformas ambientales vigentes

Otro de los temas que tomó relevancia durante 2026 fue la aprobación de reformas relacionadas con energías renovables y manejo ambiental.

El 8 de abril de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos reformas a la Ley General de Electricidad, luego de que la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitiera dictamen favorable un día antes.

Según información oficial, las modificaciones buscan ordenar y fortalecer la generación distribuida de energía renovable en el país.

Durante la discusión técnica de la reforma, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, señaló ante los diputados que la generación distribuida en El Salvador “ha crecido de forma sostenida”, alcanzando 553 megavatios instalados.

En materia ambiental, la Asamblea Legislativa también aprobó el 20 de diciembre de 2024 el Decreto Legislativo No. 186, correspondiente a la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos.

La normativa establece disposiciones relacionadas con manejo de residuos sólidos, tratamiento de desechos y aprovechamiento de materiales como parte de estrategias enfocadas en reducir contaminación ambiental.

Reforma urbanística y construcción

Mientras avanzan los programas ambientales, también continúan las reformas relacionadas con construcción y desarrollo urbano en El Salvador.

El 22 de octubre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos reformas a la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Las modificaciones buscan agilizar trámites de construcción, reducir tiempos de respuesta y simplificar procesos relacionados con proyectos urbanísticos e infraestructura.

Los cambios incluyen autorizaciones relacionadas con líneas de construcción, permisos de obras, terracerías, uso de suelo y recepción de edificaciones.

La Asamblea Legislativa indicó que las alcaldías podrán gestionar permisos para proyectos menores a 250 metros cuadrados, mientras que la DOT continuará regulando proyectos de mayor escala.

Durante las discusiones legislativas, diputados señalaron que las reformas forman parte de medidas orientadas a modernizar procedimientos administrativos y fortalecer el crecimiento del sector construcción.

Programas en curso y proyectos para 2026

El ministro detalló que se realizarán estos proyectos:

Gestión de Residuos y Calidad del Aire: se mantendrá la ejecución de los programas presupuestales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Gestión de la Calidad del Aire.

Gestión de Humedales: el MARN desarrollará proyectos para el manejo integral de humedales como la Laguna de Olomega, situado entre los departamentos de San Miguel y La Unión; y El Jocotal, ubicada en el municipio de El Tránsito, en el departamento de San Miguel.

Resiliencia ante Desastres: la institución aumentará la resiliencia ante inundaciones en la región centroamericana, incluyendo El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Gestión del Agua: el ministerio trabajará en el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Conservación de Biodiversidad: se implementarán programas de conservación de la vida silvestre y de manejo de recursos, como el Programa Nacional para la Conservación de la Lora Nuca Amarilla y el Plan Nacional Forestal.

Fortalecimiento Institucional: se fortalecerá el liderazgo y las capacidades de las mujeres de Morazán como agentes de cambio en la gobernanza ambiental y climática, de acuerdo con el proyecto Environmental Protectors Project Morazán de Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

Colaboración con Gobiernos Locales: el MARN trabajará con los gobiernos locales del departamento de Morazán y del área Metropolitana de San Salvador, en la mejora de la gestión integral de residuos plásticos, a través del apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Infraestructura y discusión ambiental

El avance de proyectos urbanísticos también ha generado discusión pública sobre la protección de áreas verdes y ecosistemas en el país.

Uno de los temas que continúa generando debate es la aprobación legislativa del 16 de julio de 2025 para transferir más de 55 mil metros cuadrados de terreno estatal destinados a la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

La transferencia fue aprobada con 56 votos como parte de un proyecto de infraestructura desarrollado mediante cooperación de la República Popular China.

El proyecto provocó reacciones de organizaciones ambientalistas y sectores ciudadanos debido a la importancia ecológica atribuida a la zona, señalada como área de recarga hídrica y conservación ambiental dentro del Área Metropolitana de San Salvador.

Mientras las autoridades sostienen que las reformas buscan modernizar infraestructura y agilizar procesos de desarrollo territorial, distintos sectores continúan insistiendo en la necesidad de mantener evaluaciones ambientales y controles técnicos sobre proyectos desarrollados en ecosistemas considerados estratégicos para el país.