El Socorro Jurídico Humanitario contabiliza 213 muertes en centros penales desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha. Ingrid Escobar, representante de esa organización, aseguró que el 60% presentaban signos de posibles golpizas y torturas, el 30% por falta de tratamiento médico y de los demás se desconoce la causa.
La abogada explicó que de las personas muertas en penales, con base a datos sistematizados por Socorro Jurídico, solamente el 6% estaban perfilados como pandilleros, mientras que el 94% eran personas que no tenían vínculos con estructuras criminales.
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“No tuvieron el derecho que engloba el principio del debido proceso, no se les dio derecho de defensa, no se les dio derecho de audiencia, derecho a un juicio justo y se les presumió culpable desde el inicio”, explicó.
Por otra parte, Escobar denunció que personas liberadas les han informado de la posible existencia de fosas clandestinas dentro de las prisiones de Mariona e Izalco.
“Tenemos información de fuente directa de las víctimas que nos han dicho que en Izalco principalmente y Mariona se han enterrado gente dentro de los centros penales”, aseguró la abogada.
“¿Qué es lo que tenemos que hacer? denunciarlo y el fiscal general en consecuencia y toda la institucionalidad de oficio debe de investigar”, agregó.
En junio de este año el Fiscal General, Rodolfo Delgado, confirmó en una entrevista televisiva que durante el régimen de excepción se han registrado 142 muertes de reos en centros penales, pero que, hasta el momento no había encontrado "un delito que perseguir".