Los partidos políticos en contienda, que no son subordinados al oficialismo del gobierno en turno, terminaron sus campañas políticas para sus candidaturas presidenciales y de diputaciones a la Asamblea Legislativa sin su correspondiente adelanto de deuda política que debió haber sido entregada desde septiembre del año pasado por Hacienda.
Nuestro Tiempo, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) compiten tanto para la Presidencia de la República como de diputaciones a la Asamblea Legislativa.
En el caso del partido VAMOS este 4 de febrero solo competirá por escaños de la Asamblea; este partido no solicitó el adelanto, justificando que El Salvador cuenta con necesidades económicas.
“Vamos a ver qué pasa”, terminó diciendo el presidente de ARENA, Carlos García Saade.
Candidatos y candidatas a diputaciones y Presidencia de la República consultados por El Diario de Hoy aseguraron que la ciudadanía a estas alturas de la contienda electoral ya reconoce la falta de igualdad de condiciones con las que se efectuará la elección de este domingo.
En el caso de la candidata a vicepresidenta de Nuestro Tiempo, Celia Medrano, explicó que el incumplimiento de este pago solo fue uno de los obstáculos con los que se enfrentaron en campaña, pero que cada candidato aportó fondos propios y recibieron “pequeños aportes” de personas que no las ha “congelado el miedo” a enfrentar represalias por aparecer como donantes de un partido activo en la denuncia de la corrupción estatal.
Al no hacer entrega de esta misma, el Estado salvadoreño estaría incumpliendo la Constitución de la República que reconoce la legalidad de la deuda política.
“El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia”, reza el artículo 210.
Asimismo, el Código Electoral reconoce la validez de un adelanto de deuda política, equivalente al 75% de los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado.
“Este sistema institucional cooptado por el oficialismo busca anular cualquier expresión partidaria que no esté sometida a Nuevas Ideas. En la medida de que la intolerancia cierre espacios se abren nuevas causas de confrontación en el país. La falta de fondos ha sido difícil, pero eso no nos ha detenido. Hemos seguido adelante”, reconoció Medrano.
El anticipo a que tengan derecho los partidos o coaliciones contendientes, así como la cuantía que se pagará por los votos, se determinará en la fecha de la convocatoria a elecciones.
Todos los partidos podían solicitarla desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones, o sea, desde el 7 de septiembre y se debió hacer efectivo a más tardar a los tres días siguientes de la presentación de la solicitud respectiva.
“He realizado una campaña con fondos propios y el de amigos que creen en mi proyecto, pero las limitantes para mí desaparecen cuando me pongo al servicio de la gente más humilde”, expresó la diputada a diputada por ARENA, Ondina Ramos.
Sobresalientes en propuestas
El candidato a diputado por San Salvador en la casilla 1 de Nuestro Tiempo, Héctor Silva, si bien reconoce la inequidad de las condiciones, se enorgullece que a nivel de propuestas su balanza no lo esté.
“La campaña solo ha sido desigual en recursos, porque cuando hablamos de propuestas, nosotros hemos presentado más propuestas; cuando hablamos de valentía, hemos sido más valientes de denunciar las cosas que están mal”, dijo Silva.
La referencia del candidato capitalino se vale en que las propuestas de las diputaciones oficialistas no dejan de ser “dar gobernabilidad a lo que venga de Casa Presidencial”.
Sobre la deuda
La deuda política es un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover sus propuestas políticas y de campaña previo a las elecciones.
Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos determina que los partidos políticos o coaliciones que participen en las elecciones, tendrán derecho a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones nacionales.
“La cuantía que se pagará por los votos de las elecciones anteriores, será la cantidad que se pagó en la elección anterior para cada una de ellas, incrementada por la inflación acumulada, reconocida por el Banco Central de Reserva, que se haya producido durante el período entre cada una de las elecciones de que se trate”, expone la ley.
Mientras tanto, el ministerio de Hacienda no proporciona la información pública referente a la deuda que transfirió a los institutos políticos para la campaña anterior de 2021.