La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) presentó el lunes una demanda de protección de derechos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la desaparición de Miguel Ángel Martínez Mata, quien presuntamente fue desaparecido por un grupo de policías.
El recurso constitucional, presentado por Fespad, alega que ninguna institución del Estado fue “capaz de evitar la desaparición de de Miguel o de determinar quién o quiénes son los responsables del 'abominable hecho', tampoco hicieron lo necesario para dar con su paradero, con o sin vida”.
La madre del joven, desaparecido cuando tenía 22 años, puso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) hace nueve años, pero hasta ahora no le han informado sobre el avance en la investigación.
La demanda reclama por la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la FGR, que permita establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición y dar con su paradero, lo cual vulnera el derecho a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional, es decir el derecho que los ciudadanos tienen para acceder a las instituciones del Estado y la protección que estas deben brindar a los derechos de los mismos.
Según testigos, las últimas personas que habrían tenido contacto con Miguel antes de su desaparición fueron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes lo llevaban golpeado en la cama de una patrulla en el centro de San Salvador, el 13 de julio de 2013, en la zona del parque Infantil.
La madre no ha dejado de buscar a su hijo, en los hospitales, en las bartolinas y en la oficinas de Medicina Legal, donde periódicamente consulta los álbumes que dicha institución va creando con fotografías de restos que son descubiertos en cualquier lugar del país.
La señora espera identificar en las fotos de los cadáveres alguna coincidencia de las características físicas o del vestuario de su hijo con las osamentas encontradas, aunque hasta la fecha las autoridades no le han tomado ninguna muestra genética para hacer las comparaciones.
Fespad señala que hasta ahora, a la madre del joven, ninguna institución estatal le ha ofrecido o brindado algún tipo de apoyo especializado de atención psicosocial para ella y su familia.
En el recurso constitucional también se fundamenta la omisión de la Asamblea Legislativa respecto a emitir una normativa que contribuya a hacer eficiente el proceso de ubicación o identificación de una persona desaparecida y para garantizar apoyo psicosocial al grupo familiar.
La omisión vulnera el derecho a la protección para la conservación y defensa de los derechos y el derecho a la protección familiar, enfatiza Fespad.
La desaparición fue cometida cuando ejercía como presidente de la República Mauricio Funes Cartagena, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública era José́ Ricardo Perdomo Aguilar, el director de la PNC, Rigoberto Pleitez y Luis Martínez era fiscal general.