La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no entregó los criterios con los que estudia o fiscaliza las inversiones de los servidores públicos en criptoactivos, según la organización Acción Ciudadana.
La organización solicitó las políticas y las herramientas con la que fiscalizan dichos fondos de funcionarios y servidores del Estado para evitar que se enriquezcan con fondos públicos, y acorde a lo expresado ayer por la coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, Graciela Ayala, no hubo prueba de que se les notificara de su deber de reportarlo.
“No se nos remitió ningún memorándum oficial de parte de la Sección de Probidad, ni se nos estableció cuándo o cómo les dijeron a los empleados públicos que tenían que declarar esta inversión en criptoactivos”, explicó Ayala.
Según la experta en democracia, la Sección de Probidad les indicó que los funcionarios debían llenar en la casilla donde dice “dinero en efectivo, operativas y otros” sus inversiones en criptoactivos y que debido a que el Bitcoin tiene un valor volátil, ellos tienen que anexar esas inversiones a la declaración jurada.
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“No nos queda claro cuándo fue que la Sección de Probidad manifestó esas directrices a los servidores públicos”, añadió Ayala.
Ayala señaló que el formulario donde, según Probidad, se debe colocar la inversión de criptoactivos “viene de
muchos años atrás”, por tanto, esta no indicaría explícitamente la obligación de su reporte correspondiente.
“Al momento que ellos recién una declaración jurada con inversiones en criptoactivos ellos tienen que
verificarlo, entonces se le requirió a la Sección de Probidad cuáles eran las herramientas para verificar esos criptoactivos a lo que ellos nos contestaron que ellos harían sus requerimientos en su momento a las instancias que
determina la Ley de Activos Digitales”, explicó Ayala.
Por lo tanto, se desconoce el proceso o herramientas del estudio por parte de la instancia fiscalizadora, “no se nos
dice cuál es el procedimiento y cuales son las instancias que la ley establece”, lamentó la coordinadora.
Desde el 7 de septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo que usó el Bitcoin como
moneda de curso legal, sin embargo, según la información de Acción Ciudadana, no se regula a la fecha su fiscalización.