Hace un año y en un acto privado, el vicepresidente Félix Ulloa entregó el proyecto de reformas a la Constitución al presidente Nayib Bukele, hecho que se conoció por una foto oficial en las redes sociales del Gobierno casi a medianoche del 15 de septiembre de 2021.
Con ese mismo secretismo, el proyecto ha permanecido sin mayores movimientos y sin que el mismo presidente o los diputados hayan mostrado intenciones de divulgarlo o debatirlo con la población o los sectores de la sociedad.
“En términos generales veo que el proyecto es inviable, porque el nivel de reformas que está planteando es casi una nueva Constitución, primero. Segundo, no es un proyecto ni una discusión que haya surgido de la ciudadanía”, analizó Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista.
En efecto, la propuesta de reforma fue encomendada por el presidente Bukele a Ulloa, quien lideró un equipo ad hoc para hacerlo, pero los constitucionalistas afirman que una Constitución se reforma o se cambia cuando hay un clamor popular.
“El Ejecutivo no tiene iniciativa de ley para reformar la Constitución, porque la base conceptual que está diseñada la Constitución es que las reformas vienen del pueblo. Entonces, allí hay un error de cómo lo han manejado. Que lo esté manejando el vicepresidente, es un proyecto del Ejecutivo, hay un defecto de origen”, explicó Bertrand Galindo.
Lo mismo opinó Jonathan Sisco, abogado de Cristosal: “Esta suerte de propuesta de reforma no surge del clamor de la población. Cuando la población quiere cambiar la Constitución sucede como en Chile que la población masivamente exige eso, pero acá la propuesta viene del poder político.”, dijo.
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Los chilenos acaban de rechazar en referendo un proyecto de nueva Constitución que viene desde 2013, cuando por las protestas en demandas de nuevos derechos la población salió a las calles y los políticos acordaron llevar adelante un proceso para hacer una nueva.
En todo el proceso, los chilenos votaron hasta tres veces para decidir quién la redactaría y para luego aprobar o no ese proyecto. Acá, el vicepresidente Ulloa solo está divulgando partes de la propuesta en algunas universidades, no todas.
”El equipo técnico ha hecho todo el trabajo de sistematización de las opiniones que fueron llegando a las distintas mesas en las cuales se organizó el trabajo para llegar al documento final que sería presentado al presidente va ser exactamente un año, el día 15 de septiembre del año pasado lo entregamos al señor presidente”, dijo Ulloa en un acto reciente en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
Y el vicepresidente admitió en esa reunión que no es suficiente el interés del gobierno para efectuar tales reformas.
“Conscientes que no basta un acto formal ni simplemente la voluntad de un jefe de estado para realizar estos cambios trascendentales en la sociedad consideramos era oportuno trasladar el proyecto… Hemos encontrado eco en la academia, en el consejo nacional de rectores así como AUPRIDES que es la asociación de universidades privadas de El Salvador”, dijo Ulloa.
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A juicio de Sisco, esta ronda de debate en las universidades no es suficiente.
“Legalmente no es una propuesta de reforma Constitucional , porque el artículo 248 establece ya el procedimiento. En tal sentido toda propuesta para ser considerada como tal debe contar el apoyo de 10 diputados que la apoyen por lo menos. Este documento no ha sido suficientemente divulgado pero mucho menos debatido con la población y con sectores. Lo que ha hecho la comisión es una ronda de exposición”, dijo el abogado.
La bancada de Nuevas Ideas, que cuenta con los votos necesarios para darle iniciativa y aprobarlas en primera instancia, no se pronunciado sobre el proyecto.
De hecho, el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo hace unas semanas que no tenían ninguna reforma constitucional en el radar.
¿Es necesaria una reforma?
El presidente Nayib Bukele no se ha referido en muchas ocasiones sobre la necesidad de reformar la Constitución, pero el vicepresidente Félix Ulloa afirma que es necesario actualizarla.
“Estamos en el siglo XXI y nuestro país necesita adaptar no solo sus agendas democráticas, no solo sus agendas de modernidad, sino además ir ampliando ese catálogo de derechos para sectores amplios de la población que fueron invisibilizados”, explicó.
Algunos de esos derechos son el reconocer el derecho a una muerte digna (eutanasia), la posibilidad de discutir el aborto legal o el reconocimiento de pueblos originarios o los derechos de la población LGTBI, pero los mismo abogados opinan que estos son “distractores” y no ahondan en realidad en esos derechos.
“Ahora la Asamblea Legislativa no quiere ratificar el derecho humano al agua, por ejemplo. Tampoco ha avanzado para crear una Ley de Identidad de Género, algo que lo pueden hacer ya con 43 diputados. Tampoco han facilitado una ley para el cambio de nombre a las personas trans. Entonces, vemos una política de doble estándar”, dijo Sisco en torno al reconocimiento de esos supuestos nuevos derechos que se quieren garantizar.
El constitucionalista Bertrand Galindo tampoco ve necesaria una reforma o incluso una nueva.
“En lo general creo que la Constitución sigue siendo válida y por otro lado la Sala reiteradamente no solo esta sino las anteriores han venido sosteniendo que tienen la facultad de actualizar a las circunstancias presentes las disposiciones de la Constitución. Si por vía interpretación puedo actualizarla que sentido tiene dar una nueva Constitución”, afirmó.
El anteproyecto de Ulloa incluye cambios a más de 200 artículos e incluye polémicas reformas que trastocan la forma de gobierno republicana consagrada en la actual Constitución, porque permite la existencia de un partido político único, lo cual va en contra de la alternancia del poder, además de permitir la existencia de grupos armados, además de incluir el referendo como mecanismo de reformar la Carta Magna.
Bertrand no tiene claro que el proyecto llegue a buen puerto: “Falta ver porque no he estado claro si cuenta con el apoyo del presidente o no, falta ver si la mayoría simple lo aprueba en este parlamento y falta ver si van a tener la mayoría suficiente para ratificar la reforma en la siguiente legislatura, concluyó el constitucionalista.