Cristosal interpuso una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la violación sistemática a los derechos humanos bajo el régimen de excepción. La denuncia fue interpuesta en nombre de 66 familias provenientes de comunidades del Bajo Lempa, en Jiquilisco, Usulután.
Durante una conferencia de prensa, representantes de Cristosal y familiares de personas detenidas, explicaron que interpusieron la denuncia ante la CIDH por la falta de acciones de las autoridades locales.
Según Cristosal, los 66 casos que se presentaron en la demanda son de personas detenidas de forma arbitraria. Los representantes de la organización hicieron énfasis en que en ninguno de los casos se presentó una orden policial, fiscal o judicial, tampoco quedó claro en delito por el que fueron detenidos pero aún así fueron trasladados a centros penitenciarios, donde algunos ya tienen casi un año de estar encerrados.
“Hemos argumentado a la CIDH que a las personas detenidas se les ha violado varios derechos de la Convención Americana. El Estado sólo puede restringir la libertad cuando hay una investigación previa o por la comisión de delitos, sin embargo hay una práctica arbitraria de detenciones de personas sin investigación previa y sin fundamento”, dice Abraham Abrego, representante de Cristosal.
Además, Abrego explica que el Estado también ha violado las garantías del debido proceso al no permitir que los detenidos tengan acceso a hablar con sus defensores y al realizar audiencias masivas que no permiten individualizar cada caso.
“Los detenidos tienen derecho también a conocer la información de porque se les procesa y de participar a lo largo del proceso”, dice Abrego y recalca que actualmente, este derecho no es respetado por las autoridades.
Durante la conferencia, los familiares denunciaron que no han recibido información sobre sus parientes; en la mayoría de casos ni siquiera saben de su paradero, su estado de salud o si ha recibido tratos crueles. Los 66 casos que conforman la demanda, han presentado recursos de habeas corpus que no han sido resueltos por la Sala de lo Constitucional.
Para los familiares, esta situación es cada vez más difícil, pues implica una carga económica muy fuerte, ya que la mayoría de los detenidos aportaba a la economía del hogar, además también aseguran que les ha causado daños psicológicos por estar sometidos a altos niveles de estrés al no tener información de sus parientes, sobre todo a los niños cuyos padres han sido detenidos.
Los familiares piden a la CIDH que solicite al Estado salvadoreño garantizar la salud de los detenidos, además que proteja su integridad física. También piden que se emitan medidas alternativas a la detención para que los acusados sean juzgados en libertad y se garantice el derecho a la defensa y a un juez independiente e imparcial.
Para el representante de Cristosal, Abraham Abrego también es importante que al final del proceso se declare que el Estado salvadoreño violó los derechos de las personas privadas de la libertad y se les repare el daño que les ha ocasionado.