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Celia Medrano, candidata a la Vicepresidencia de la República con el partido Nuestro Tiempo, hizo algunos cuestionamientos sobre el involucramiento que tendría el gobierno con estructuras de pandillas, esto luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que Elmer Canales Rivera, alias “Crook”, fue liberado y conducido a la frontera con Guatemala por funcionarios del actual gobierno.
El “Crook” fue arrestado en México y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por terrorismo en una corte federal de Nueva York.
“¿Cuántos líderes más de las pandillas están teniendo un trato privilegiado? Como parte de pactos, de los cuales no se nos informa a la población”,
Celia Medrano, candidata a vicepresidenta por Nuestro Tiempo
De comprobarse lo señalado por el Departamento de Justicia y dado que Canales Rivera será procesado por actos de terrorismo, valoró que eso implicaría que funcionarios del gobierno actual “estarían involucrados en la protección y en la impunidad de un actor que ha cometido actos terroristas”.
Si bien destacó en el programa Encuentro TVX que gobiernos anteriores hicieron pactos con pandillas, Medrano opina que la investigación de la justicia estadounidense revela que el actual gobierno “elevó” ese nivel de negociación a través de puestos claves en funcionarios vinculados con la Dirección de Centros Penales y con el área de Tejido Social.
Medrano también considera que habría responsabilidad de gobierno no solo en esa liberación, sino en la implementación del régimen de excepción que está vigente desde el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana donde hubo 86 homicidios atribuidos a pandillas.
“Se nos ha hecho creer que el régimen fue una reacción contundente, fuerte, para responder a la criminalidad organizada en pandillas que dieron la orden de matara esas 82 personas. Pero se nos oculta de manera cínica, se nos niega información con respecto a qué entendimiento el gobierno y estos grupos se desarticuló que dio origen a esa matanza”, dijo Medrano.
Agregó que el régimen de excepción es una medida propagandística a favor de la figura del presidente. “Y es la principal herramienta de proselitismos electoral para una reelección inconstitucional, reflejada en el régimen de excepcionalidad”, dijo.
Añadió que de acuerdo a datos de organizaciones de derechos humanos, hay 200 muertes de personas bajo custodia estatal detenidas con el régimen de excepción.
También critica que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se declare incompetente de dar información sobre la situación en la que se encontraba Canales Rivera, así como de los otros casos de extradición de líderes de pandillas que ha pedido la justicia estadounidense. Además, de que el exjuez que tuvo el caso negó que lo haya liberado, sino que desconocía la situación.
Y reprocha un “silencio cómplice” de parte de las autoridades salvadoreñas en cuanto este caso. Mientras que rechazó que como oposición pretenda liberar a los pandilleros detenidos, como plantea el oficialismo.