Familiares y representantes de un grupo de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador pidieron el martes en El Salvador que el gobierno de Nayib Bukele les permita verlos en la megacárcel donde están presos.
La tía de Widmer Agelvis Sanguino y una amiga de la familia de Andry Hernández Romero llegaron la noche del lunes a San Salvador, en el primer viaje de parientes de los venezolanos desde que fueron deportados el 15 de marzo, acusados por Estados Unidos de integrar la banda criminal Tren de Aragua.
"Queremos que se nos permita una visita, verificar cómo está su estado de salud y pedir una pronta liberación", afirmó a la AFP Jhoanna Sanguino, tía de Agelvis, en un hotel de San Salvador.
Reina Cárdenas lamentó que Hernández Romero fuera, al igual que el resto, detenido, según dice, por tener tatuajes. "Queremos que él sepa que no está solo (...) tenemos la fe, las pruebas necesarias para demostrar que es inocente", expresó.
"Estamos luchando por ellos", insistió Cárdenas.
Las mujeres viajaron acompañadas por Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo Internacional, una oenegé de derechos humanos que levanta la voz por una decena de deportados oriundos del estado de Táchira (oeste de Venezuela), y que asumió formalmente la defensa legal de seis de ellos.
"Queremos exhortar al presidente a que nos reciba para presentarle toda la documentación que demuestra que deben ser puestos en libertad", declaró a la AFP Márquez, tras entregar una petición de visita en la Dirección de Centros penitenciarios.
Aliado clave del presidente Donald Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo varios aviones con 252 venezolanos y más de una treintena de salvadoreños acusados de ser miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
"Todo por los tatuajes"
El gobierno de Trump, que pagará a El Salvador seis millones de dólares por mantenerlos encarcelados, no presentó pruebas de sus acusaciones y los expulsó en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, hasta entonces solo usada en tiempos de guerra.
Hernández Romero, de 32 años, quien cruzó la peligrosa selva panameña del Darién en 2004 para llegar a Estados Unidos, es estilista y actor de teatro, y tiene tatuadas dos coronas con los nombres de sus padres
Agelvis Sanguino, de 24 años, quien tiene tatuajes de un reloj, una rosa y un búho, fue deportado a pesar de haber ingresado de forma regular a Estados Unidos como refugiado, explicó su tía.
"Todo fue por los tatuajes. Es impresionante no saber nada de ellos (...) Hemos dejado nuestra vida personal a un lado para pedir que se haga justicia. Ha sido muy duro", dijo Sanguino.
Varios familiares de los venezolanos los reconocieron en los videos difundidos por Bukele donde aparecen rapados y encadenados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida para pandilleros en Tecoluca, a 75 km de San Salvador.
"Queremos saber su situación jurídica y exigir su libertad", aseguró Márquez, quien precisó que El Salvador no tiene ninguna jurisdicción penal internacional para mantener a los venezolanos detenidos y no existe sentencia en Estados Unidos contra ellos.
"No hay ni uno solo que esté con el Tren de Aragua", subrayó Márquez.
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Otro grupo de una treintena de venezolanos están representados en El Salvador por un bufete de abogados salvadoreños, contratados por el gobierno de Venezuela. Los del grupo de Táchira son críticos del presidente Nicolás Maduro.
Las autoridades no han permitido hasta ahora a los abogados ver a los venezolanos, quienes están incomunicados, y no han tenido respuesta a recursos de hábeas corpus interpuestos en su favor, aseguró a la AFP el abogado Salvador Ríos.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional consideran que estas detenciones faltan al debido proceso y vulneran las normas internacionales de derechos humanos.
Uno de los salvadoreños, Kilmar Ábrego García, cuyo caso provocó un conflicto entre el gobierno de Trump y la justicia por haber sido deportado por "error", fue devuelto el pasado viernes a Estados Unidos y quedó detenido para ser procesado por supuesto tráfico de migrantes.